Por Aarón Jiménez
En la política contemporánea, las palabras más perversas suelen disfrazarse de modernidad democrática. Hoy, el concepto de “medición” se ha convertido en el eufemismo favorito de las cúpulas para legitimar dedazos, anular cuadros con trabajo real y repartir el botín entre los mismos de siempre.
La llamada “encuesta a modo” no es un instrumento de opinión pública; es un mecanismo de simulación, un traje a la medida hecho con la chequera y los intereses de quienes temen medirse en el territorio real.
Septiembre arranca con la ritualidad de los informes de gobierno a nivel federal y la inminente publicación de las convocatorias locales. Mientras desde la tribuna presidencial se enarbolan cifras alegres, logros incuestionables y una narrativa de bienestar nacional, en el terreno municipal las costuras de la realidad se desprenden con una facilidad pasmosa.
Aquí radica la gran contradicción: resulta cómico —si no fuera trágico— ver esas flamantes encuestas de escaparate que dictaminan, con una precisión milimétrica y pagada, que la presidenta municipal realiza un trabajo extraordinario, mientras uno camina por las calles de Tulancingo y la realidad te avienta un bache monumental, botes de basura repletos y una ciudadanía harta de la indolencia oficial.
Es el colmo del cinismo estadístico: pretender gobernar a base de otros datos y aplausos de escritorio, ignorando que el único termómetro real es el humor social de la gente que sufre la falta de servicios y de visión administrativa todos los días.
A este divorcio entre el discurso oficial y la calle se suma la temporada de grillas internas que trae consigo septiembre y la apertura de los procesos de Morena para los puestos de elección local. Este momento crucial pondrá a prueba si el movimiento está dispuesto a regresar a sus orígenes o si terminará de institucionalizar el vicio de la exclusión sistemática.
Las señales que vemos en los corrillos de poder anticipan lo peor: filtros diseñados para expulsar a quienes no forman parte del redil burocrático, cartas de exclusión invisibles para los perfiles que incomodan y un mercado negro de la percepción donde el prestigio se alquila al mejor postor.
Hablemos sin rodeos: las encuestas patito son un negocio redondo. Empresas encuestadoras de membrete, sin metodología verificable ni arraigo, cobran sumas obscenas por maquillar resultados que ya traen el nombre del “elegido” impreso desde antes de aplicar la primera boleta.
Es una estafa a la militancia y una burla abierta al principio elemental de que el pueblo manda. Mientras los verdaderos operadores, los que caminan las colonias, los que conocen las entrañas de los problemas públicos y sostienen el pulso de la comunidad son marginados bajo tecnicismos de escritorio, los operadores del dedazo utilizan la estadística como coartada.
La exclusión como método de selección no solo es injusta; es políticamente suicida. Cuando se bloquea el acceso a quienes tienen capacidad técnica, conocimiento de la administración pública y vocación de servicio, se empobrece la gestión gubernamental y se condena a los municipios a la improvisación.
La ciudadanía ya no traga con facilidad el cuento de la unidad simulada. Se da cuenta perfectamente de cuando una candidatura nace de un acuerdo de cúpula o de un negocio de marketing político, y cuando nace del esfuerzo legítimo de abajo.
Frente a la inminente salida de la convocatoria, la exigencia debe ser tajante: piso parejo, padrones confiables, metodologías abiertas y un alto definitivo a los filtros de exclusión a contentillo. Tulancingo no está para experimentos de laboratorio ni para tolerar franquicias electorales disfrazadas de transformación.
La verdadera democracia no teme al contraste de perfiles ni al escrutinio abierto de su gente. Todo lo demás es, simplemente, más de lo mismo con diferente logotipo.
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