Por Aarón Jiménez
La historia de Huapalcalco es, quizá, el testimonio más elocuente de nuestra relación con el patrimonio: un deseo colectivo que se estrella una y otra vez contra la burocracia.
Durante casi dos décadas, el esfuerzo de la asociación civil Niebla y Tiempo, fue el motor que empujó lo que parecía un triunfo histórico: el decreto de junio de 2023, que declaraba a nuestra zona arqueológica como Monumento Nacional. Sin embargo, lo que se celebró en el Diario Oficial de la Federación hoy navega en una incertidumbre jurídica preocupante.
El pasado 8 de junio, el Tribunal Colegiado del 29º Distrito confirmó la sentencia que revoca dicho decreto. Es vital, para evitar confusiones, entender el fondo técnico: la justicia federal no está negando el valor histórico o arqueológico de Huapalcalco; lo que el tribunal ha fallado es que el INAH incurrió en un “vicio de forma”.
Al no otorgar el derecho de audiencia a un particular, propietario de una fracción del polígono antes de oficializar la declaratoria, la autoridad federal vulneró el debido proceso. Un error administrativo que, lamentablemente, tiene efectos profundos: obliga a reponer el procedimiento desde sus cimientos.
El contraste es inevitable y doloroso. Mientras que a lo largo de este primer semestre de 2026, el discurso oficial —tanto del INAH como del gobierno municipal— ha pivotado sobre el “rescate” y la inversión en infraestructura turística de cara al Mundial, la realidad en los tribunales marchaba por una ruta paralela y opuesta.
La omisión es el hilo conductor: la misma opacidad que permitió que el Plan de Manejo, obligatorio por ley desde 2023, nunca viera la luz, es la que ahora tiene al sitio en este limbo jurídico.
No podemos permitir que el patrimonio de Tulancingo se convierta en una moneda de cambio entre el activismo, que con razón exige transparencia, y una autoridad federal que intenta minimizar la sentencia como un trámite menor.
El INAH sostiene que la protección jurídica se mantiene, pero la ciudadanía es testigo de que el sustento legal bajo el cual se anunció el “impulso cultural” está, hoy por hoy, revocado.
¿Es esto el fin del camino? No necesariamente. Pero la lección es clara: no basta con decretos publicados en papel si no se agotan las formas legales en la ejecución. La gestión pública moderna exige rigor, no solo buenas intenciones.
Si realmente queremos que Huapalcalco sea el motor cultural que Tulancingo merece, el Estado debe dejar de litigar contra sus propios errores y empezar a construir consensos reales con los propietarios y la sociedad civil.
La protección de nuestro legado no puede seguir siendo un ejercicio de simulación. Huapalcalco merece más que comunicados de prensa; requiere certeza, transparencia y una autoridad que entienda que, en el siglo XXI, el patrimonio se cuida con legalidad, no solo con discursos.
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