A raíz de las recientes protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que exige el cumplimiento de la promesa de campaña realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 —lo que implicaría eliminar el actual sistema de cuentas individuales administradas por las Afores y regresar a un esquema solidario financiado por el Estado—, ha quedado en evidencia que el problema es mucho más profundo de lo que parece.
La discusión ya no se limita a las demandas de la CNTE. En realidad, es todo el sistema de pensiones mexicano el que requiere atención urgente.
Después de escuchar los argumentos sobre la inviabilidad técnica y financiera de cumplir con dichas exigencias, vale la pena ampliar la perspectiva. Al observar el panorama completo, la realidad es que el sistema actual no necesariamente requiere un retroceso, pero sí una revisión profunda e inmediata, pues ya representa una presión significativa para las finanzas públicas.
Para 2026, el gasto en pensiones supera el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y absorbe alrededor del 22% del presupuesto federal total, equivalente a más de 1.7 billones de pesos.
Para dimensionar esta cifra, basta señalar que es superior a los recursos destinados a rubros como la inversión física, la salud o la educación.
En otras palabras, el sistema de pensiones enfrenta un problema de sostenibilidad fiscal. El país recauda poco —en gran medida porque alrededor del 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad—, la economía crece a ritmos reducidos y la población envejece cada vez más rápido.
Entonces, ¿cómo se está sosteniendo actualmente el sistema?
En gran medida, comprometiendo recursos futuros. Esto significa que las obligaciones pensionarias de hoy, generan una presión creciente sobre las finanzas públicas del mañana, incrementando la carga que deberán asumir las próximas generaciones.
La fórmula de esta crisis es sencilla:
Más pensionados, menos trabajadores formales, menores ingresos y mayor presión fiscal.
La solución no pasa por contratar más deuda ni por seguir aumentando impuestos sobre la misma base de contribuyentes. El problema es estructural y requiere una reforma integral que considere la evolución demográfica del país.
Pero, sobre todo, exige una verdadera reforma fiscal que amplíe la base tributaria, incorpore a más personas a la economía formal y reduzca la carga que actualmente soportan quienes ya contribuyen.
Sin embargo, este tipo de reformas suelen posponerse porque implican costos políticos. A diferencia de otras medidas de corto plazo, sus beneficios no se traducen inmediatamente en respaldo electoral y requieren decisiones de fondo que transforman la manera en que el Estado recauda y distribuye recursos.
Mientras tanto, cada año que pasa agrava el problema.
Y lo que hoy parece una discusión técnica sobre pensiones podría convertirse mañana en uno de los mayores desafíos económicos y sociales para las nuevas generaciones, comprometiendo seriamente la posibilidad de acceder a un retiro digno.
