A través de una cabalgata en la que participaron pobladores de al menos seis municipios del Valle del Mezquital, se realizó la clausura simbólica del relleno sanitario regional Siete Mezquites, que se construye en Tula y que, aseguran los habitantes, representa un riesgo para el abastecimiento de agua potable de municipios vecinos.

El basurero Siete Mezquites ha generado inconformidad entre pobladores de Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Francisco I. Madero, Tlahuelilpan y Tetepango, quienes advierten que al menos 300 mil habitantes de esos municipios podrían resultar afectados por una posible contaminación por lixiviados.

Se dio a conocer que estos municipios se abastecen de agua potable del manantial Cerro Colorado, por lo que existe oposición a que el relleno sanitario sea instalado en terrenos de la localidad de El Llano.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el proyecto se encuentra a 4.5 kilómetros de los manantiales de Cerro Colorado.

Los habitantes de esas demarcaciones se han unido a través de la organización En Defensa del Manantial.

Por ello, el fin de semana realizaron una cabalgata desde Tezontepec hasta el relleno sanitario, donde llevaron a cabo una clausura simbólica y exigieron a las autoridades no sólo el cierre temporal, sino la clausura definitiva del proyecto.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el relleno sanitario se ubica a 4.5 kilómetros de distancia de los manantiales y se encuentra en una zona de recarga inducida por riego agrícola con aguas residuales, por lo que existe riesgo de contaminación.

El estudio técnico destaca que el terreno donde se construye este relleno sanitario fue explotado previamente para la extracción de arena y grava.

Asimismo, se señala que estos trabajos de extracción originaron un socavón de entre 13 y 15 metros de profundidad, condición que podría incrementar el riesgo de que los lixiviados alcancen y contaminen los mantos freáticos.

El proyecto del relleno sanitario, desarrollado por una empresa privada, contempla dos celdas de confinamiento y una de emergencia sobre una superficie de 23.7 hectáreas, con capacidad para recibir 400 toneladas de residuos y una vida útil estimada de tres años.

Ante esta situación, los pobladores advirtieron que mantendrán su oposición al proyecto y que no permitirán que el relleno sanitario entre en operaciones.

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