La fiscalización de la Cuenta Pública debe ser eficaz y eficiente, dijo la diputada federal de Morena, Lidia García Anaya, quien propuso que se realicen reformas al artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en materia de informes individuales de auditoría, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Recordó que la ASF se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
Indicó que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece en el artículo 35, que los informes individuales de auditoría que concluyan durante el periodo respectivo deberán ser entregados a la Cámara, el último día hábil de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
Sin embargo, no se establecen los porcentajes de informes que la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
“Como ejemplo, en la primera entrega de informes individuales sobre la Cuenta Pública de 2022, se dio cuenta de únicamente 86 informes individuales, de los cuales 17 correspondieron a cumplimiento financiero; 2 a desempeño; y 65 a gasto federalizado, aun cuando el programa anual de auditorías para la fiscalización de 2022 está integrado por 2 mil 104 revisiones”.
García Anaya dijo que esas cifras corresponden al cuatro por ciento del universo por auditar, “lo cual es un porcentaje inaceptable, pues la fiscalización debe ser eficaz adicional a la capacidad instalada con que cuenta la ASF, con una plantilla de aproximadamente 3 mil personas y un presupuesto anual según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 de más de 3 mil millones de pesos”.
