En medio de un ajedrez político, la 4T obtuvo la mayoría calificada de 86 senadores para aprobar la reforma al Poder Judicial, gracias a que el senador panista y ex alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, pactó su voto a favor de la reforma.
La traición de Yunes a la bancada de Acción Nacional, fue tildada por las figuras y medios opositores, como una traición a la democracia mexicana; sin embargo, desde hace dos meses la consecución de la mayoría calificada del oficialismo en la Cámara Alta, era prácticamente un hecho.
Aún a expensas de que la reforma sea validada por la SCJN, la consolidación de un nuevo régimen en materia judicial para el país ya ha dado marcha, y las expectativas de un Poder Judicial eficiente y con perspectiva ciudadana, se encuentran por todo lo alto.
La narrativa de la oposición se ha centrado en señalar la aprobación de la reforma como un hecho catastrófico, que atentará contra la democracia, lo que no podría estar más lejos de la realidad. La implementación de bases democráticas a los procesos del Poder Judicial, está encaminada a lograr una impartición de justicia favorable para la ciudadanía, además de eliminar el profundo elitismo que siempre imperó en el Poder Judicial.
Cuando los jueces, magistrados y personal general del Poder Judicial, buscaron el respaldo popular ante el embate del oficialismo, no encontraron una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, esto en consecuencia de ser percibidos como un Poder lejano a la población e indolente ante los problemas legales que pudieran aquejar al ciudadano común de México.
Desde los cobros por destrabar los casos de la gente, notificar o siquiera otorgarles sus expedientes a los usuarios, hasta los múltiples privilegios económicos de los que ha gozado el Poder Judicial (entre los cuales, se encuentran el enorme nepotismo y las pensiones exorbitantes); los indicios de un poder despótico propiciaron su lógica caída, por lo que la refundación del Poder Judicial, ahora basada en la voluntad popular, indudablemente acercará la figura del juez, ministro o magistrado al pueblo de México.