¿A quién no le gustaría juzgar a un presidente? La pregunta parece tautológica, porque prácticamente todas las personas en un sistema democrático buscan la igualdad, equidad, imparcialidad y otras características que hacen posible esta forma de gobierno.
En otras palabras, en democracia no deben existir privilegios. Mucho menos a la hora de llevar a juicio a los responsables de un delito. Con mayor razón si se trata de un funcionario público que está obligado a tener un comportamiento probo.
Partiendo de este escenario, es muy loable tener la herramienta jurídica que permita enjuiciar a los expresidentes en México. No solo se trata de un reclamo generalizado, sino de una reconciliación con el pasado reciente.
No obstante, el procedimiento parece incierto desde sus entrañas porque primero se busca el juicio y después el delito. Es decir, dentro de la narrativa de aquellos que impulsan esta consulta, primero hay que castigar y luego investigar.
Nadie en sano juicio pudiera negar que los expresidentes cometieron una larga serie de tropelías, algunas de cálculo, otras con deliberada intención, unas más por omisión y otras porque corrieron el riesgo.
Es decir, no hay santos ni impolutos en la esfera política. Pero muchos de esos “errores” deben de pasar por el escrutinio de un juzgador. Porque es probable que pudieron evitarse. Por ejemplo, con Zedillo, se presentó una situación muy polémica. El denominado Fobaproa, permitió que los grandes capitales bancarios pudieran salvar los ahorros de las personas. Esa fue la versión oficial. Pero lo cierto es que deudas privadas se hicieron públicas, porque los bancos no pudieron garantizar los fondos que las personas tenían en dichas instituciones.
Ese error se justificó en términos de la estabilidad económica del país. Se tomaba esa medida o se colapsaba el país en una fuerte crisis. Pero nada de lo anterior justifica que los mexicanos de hoy paguen los errores del pasado.
Por eso es importante volver a platear esos asuntos. Para alimentar un debate con el pasado y analizar después de un tiempo las posibilidades que se tenían en aquel momento. Quizá no había otras opciones y era la única solución posible. Cualquiera que fuera el caso, lo valioso es que hoy se puede revisitar el asunto, con más elementos sobre la mesa.
Con una postura crítica se vale hacer una nueva lectura sobre el pasado. Es probable que este repensar, se vea perturbado por la lógica política del momento, pero si no es ahora cuando se podría hacer.
Es necesario enfrentarse a los fantasmas del pasado y esa confrontación dejará huellas. Pero debemos hacer catarsis con el pasado y con el presente. Hay que procurar una reconciliación con la historia política del país y quienes tengan responsabilidades jurídicas, que sean procesados. Eso es lo que debe pasar en una democracia.
Es decir, sin menoscabo de los derechos humanos de quienes sean juzgados porque todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, debemos de reflexionar sobre lo público y hacerlo con la posibilidad de tener instituciones nacionales e internacionales que procuran justicia sin etiquetas ni encargos.