En 2024, 141 víctimas de violencia familiar solicitaron la suspensión condicional de los procesos judiciales iniciados contra sus agresores, afirmó Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), quien sostuvo que fueron “debidamente aprobadas” por los jueces.
La magistrada estatal indicó que los juzgadores, no tienen responsabilidad de dar seguimiento a los casos, solo que cumplan los requisitos de ley para frenar los procedimientos penales.
De acuerdo con Aladro Echeverría, actualmente sólo hay una queja relacionada con el actuar de una jueza, contra Janett Montiel Mendoza, derivado del feminicidio de Rosaura, quien fue asesinada por su expareja, un expolicía de Mineral Reforma, el pasado 5 de febrero, a quien había liberado al concederle la suspensión condicional del proceso por violencia familiar y privación ilegal de la libertad.
“Les puedo decir que no es una queja (promovida o proveniente) de alguien en específico. Como yo les referí en su momento, nosotros íbamos a tomar el caso como como parte de una queja social”, expuso sobre el caso la también aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que el procedimiento de investigación a Montiel Mendoza se encuentra en trámite en la Unidad de Responsabilidades.
“Yo les decía que ya no tarda mucho, seguramente en estos días ya tendremos alguna respuesta”, sostuvo la magistrada.
De encontrar responsable de irregularidades en su actuar, se determinaría la sanción correspondiente contra la jueza en función de la gravedad de la falta. La mayor de ellas, advirtió, es la destitución del cargo.
“Es este (el único caso) porque otro que hayamos tenido solamente es por una cuestión de carácter jurisdiccional, que no tiene nada que ver con el actuar, digamos, administrativo de la juez”, agregó Aladro Echeverría.
