Por no presentar soporte documental sobre el gasto de la partida Desarrollo Parlamentario ni del pago del Impuesto al Valor Agrego (IVA), de un contrato por la venta de vehículos, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) observó al Poder Legislativo por 937 mil 957.29 pesos.
De acuerdo con la primera entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, el Congreso local, que ese año fue encabezado nueve meses por la priista María Luisa Pérez Perusquía y tres por el panista Asael Hernández Cerón, actual presidente de la Junta de Gobierno, no mostró soporte de la documentación justificativa de la partida “399004 Desarrollo Parlamentario, relacionada con ocho folios fiscales, por 779 mil 336.60 pesos”.
Asimismo, el ente fiscalizador observó que el Poder Legislativo no justificó “el entero y pago” del IVA al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del contrato CAASP-DGSA-LP-072/2020, a través del cual el Congreso local se desprendió de un lote de 28 vehículos vendidos a Jonathan Garduño García, el 13 de julio de 2020, cuando la líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presidía el ente rector de la cámara de diputados hidalguense.
El monto señalado por falta de comprobación en la entrega del gravamen es de 158 mil 620.69 pesos, según el reporte individual publicado por la ASEH.
El Legislativo no pudo solventar, mediante el envío de oficios, las irregularidades señaladas, por lo que el pendiente subsiste.
El ente fiscalizador que encabeza Armando Roldán Pimentel, también realizó una recomendación tras detectar que en el contrato CAASP-DGSA-LP-080/2020, del 26 de agosto pasado, por el cual el Congreso local adquirió cuatro ambulancias equipadas a Autos Elegantes de Pachuca, por 6 millones 320 mil de pesos, “los registros contables y presupuestales no se realizaron conforme a las principales reglas de registro y valoración de patrimonio”

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