El activista de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Rafael Castelán, lamentó las posibles omisiones de las dependencias encargadas de procurar justicia para investigar casos de presunto reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, como ocurrió la semana pasada tras la detención de dos jóvenes de 14 y 15 años señalados como presuntos responsables de un ataque armado en Tula.
Indicó que este hecho volvió a evidenciar lo que diversas organizaciones sociales han denunciado de manera reiterada sobre el reclutamiento que realizan grupos criminales en municipios del Valle del Mezquital, entre ellos Tula, Tlaxcoapan, Atitalaquia e Ixmiquilpan.
Expuso que esta situación también se presenta en Cuautepec, donde se han documentado casos de menores involucrados en hechos delictivos.
Añadió que la mayoría corresponde a adolescentes varones, incluso detenidos por delitos de alto impacto relacionados con el robo de combustible.
Castelán mencionó que existe conocimiento sobre una posible carpeta de investigación vinculada con uno de estos casos, aunque las autoridades no han precisado a qué demarcación corresponde.
Sostuvo que, si realmente existiera interés para que los menores fueran vistos como víctimas bajo el principio del interés superior de la niñez, los hechos tendrían que investigarse a fondo.
Subrayó que debieron iniciarse las carpetas de investigación correspondientes por el delito de reclutamiento, pues existen antecedentes documentados que permitirían desarrollar una indagatoria integral.
Consideró además que el hecho de que únicamente exista una carpeta identificada con esta línea de investigación refleja la falta de claridad de las autoridades para atender casos donde niñas, niños y adolescentes están relacionados con contextos delictivos.
El activista se pronunció por realizar investigaciones integrales que permitan identificar tanto a las víctimas como a las redes que las captan y no solamente sancionar conductas de manera aislada.
Añadió que el tratamiento institucional de estos casos debe incorporar estándares de protección de derechos de la infancia, sobre todo en municipios donde adolescentes han sido detectados de forma recurrente en hechos de violencia y conductas que podrían constituir delitos.
Advirtió finalmente que, mientras estos casos no sean atendidos con mayor seriedad, el reclutamiento de menores podría incrementarse y generar una problemática social aún mayor.
