El contralor del estado, Álvaro Bardales Ramírez, respaldó la propuesta de reforma al artículo 141 para eliminar el requisito de autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo para la firma de contratos municipales.
Consideró que esta disposición ha provocado retrasos en la ejecución de obras públicas y en los procedimientos de adquisición.
En Hidalgo se mantiene la discusión sobre las facultades de los cabildos para autorizar determinadas contrataciones municipales.
Con esta reforma se busca que los presidentes municipales puedan formalizar contratos sin necesidad de obtener una segunda autorización de la asamblea, siempre que se hayan cumplido los procedimientos administrativos correspondientes.
Al respecto, el funcionario señaló que la intervención del cabildo para formalizar contrataciones puede convertirse en un obstáculo administrativo e incluso propiciar que algunos regidores antepongan sus intereses personales a las necesidades de los municipios.
Bardales Ramírez explicó que exigir una segunda autorización del cabildo después de concluir un procedimiento de contratación de obra pública, cuyo presupuesto ya fue aprobado y cuya adjudicación se realizó mediante licitación, representa una traba administrativa que puede impedir la firma oportuna de los contratos.
Asimismo, indicó que diversos alcaldes han solicitado orientación a la Contraloría ante situaciones similares, debido a las dificultades que enfrentan para ejercer los recursos públicos dentro de los plazos establecidos cuando no cuentan con la autorización de la asamblea municipal.
Advirtió que estas circunstancias pueden ocasionar retrasos en la ejecución del gasto, subejercicios presupuestales e incluso la eventual devolución de recursos federales.
No obstante, aclaró que eliminar este requisito no significa suprimir los mecanismos de vigilancia y fiscalización de las administraciones municipales.
Finalmente, el contralor sostuvo que los ayuntamientos cuentan con presupuestos previamente aprobados, procedimientos de licitación, comités de adquisiciones, sindicaturas y órganos internos de control.
Estas instancias permiten mantener la supervisión sobre el ejercicio de los recursos públicos y verificar que las contrataciones se realicen conforme a la normativa vigente.
