Claudia Luna Islas, diputada del Partido Acción Nacional propuso que los informes mensuales de ayuntamientos incluyan estados financieros completos y aval del síndico, para frenar desvíos y observaciones de la ASEH en los 84 municipios.
Aseveró que no es suficiente el contar con reportes de una cuartilla y sin sustento. Planteó ante el Pleno del Congreso de Hidalgo una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal y obligar a las 84 tesorerías municipales, a rendir cuentas de verdad.
Se trata de modificar la fracción XV del artículo 104 para eliminar la figura laxa del “corte de caja” mensual, que hoy en muchos ayuntamientos se traduce en una hoja sin anexos, sin comprobación y falta de análisis.
En su lugar se busca que cada tesorero deba entregar, mes con mes, un informe detallado de ingresos y egresos, además de los estados financieros y presupuestarios conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
De igual forma, el visto bueno obligatorio del Síndico hacendario, como corresponsable.
Luna Islas argumentó que la redacción actual es de hace más de una década y ya no es compatible con lo que exige la Ley de Disciplina Financiera. Mientras, la Federación y el Estado exigen contabilidad armonizada, comparable y en tiempo real; en los municipios se opera con prácticas obsoletas que abren la puerta a la opacidad.
El trasfondo no es menor. Cada año, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) emite cientos de observaciones a municipios por falta de documentación comprobatoria, subejercicios o manejo irregular de recursos. Con expedientes estructurados desde el mes uno, dijo la legisladora, se podrían detectar a tiempo anomalías y evitar sanciones que terminan pagando las administraciones siguientes, explicó.
La iniciativa también busca blindar la autonomía municipal, pero con algunos contrapesos: al exigir el aval del síndico y estados financieros formales, el Cabildo tendrá herramientas reales de vigilancia y no solo un informe se da por visto y se archiva. Además, genera un archivo histórico ordenado que puede ser consultado por la ciudadanía.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis.