Un bache sin señalizar, una obra inconclusa o un servicio público deficiente pueden generar daños al patrimonio de los ciudadanos y, ante ello, los municipios están obligados a responder.
Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos de Hidalgo no contempla recursos para cubrir estas indemnizaciones, señaló la diputada Claudia Luna Islas.
Ante esta situación, la legisladora presentó un acuerdo económico en el Congreso de Hidalgo para exhortar a los 84 ayuntamientos a incluir una partida específica de Responsabilidad Patrimonial en sus Presupuestos de Egresos 2027.
Luna Islas explicó que esta obligación no representa un favor hacia la sociedad, sino un mandato establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Hidalgo, el artículo 109 de la constitución federal y la constitución local.
La normativa establece que cuando una actividad administrativa irregular cause daños a una persona en sus bienes o en su integridad, el gobierno debe indemnizarla de manera directa y objetiva.
Para ello, basta acreditar el daño y que este fue provocado por la autoridad, sin necesidad de demostrar dolo.
La diputada advirtió que los municipios tampoco contemplan los adeudos de ejercicios anteriores.
Cuando pierden un juicio deben realizar recortes de emergencia a obra pública y programas sociales, o solicitar ampliaciones presupuestales, lo que genera desequilibrios financieros.
Por ello, el exhorto plantea que la partida para Responsabilidad Patrimonial incluya también los adeudos pendientes del ejercicio fiscal anterior.
El documento señala que los baches, obras inconclusas, negligencias en servicios públicos y fallas operativas tienen un costo directo para los ciudadanos.
Actualmente, el pago de una indemnización puede tardar meses o años por falta de recursos etiquetados.
La propuesta busca dar certeza jurídica y profesionalizar el gasto municipal.