Damnificados por las inundaciones de Tula acusaron que, a cinco años del siniestro, persisten obras inconclusas, deficiencias en la planeación y riesgos para la población. Además, señalaron que el gobierno federal ha incumplido con las familias afectadas.
Durante la madrugada del 6 y 7 de septiembre de 2021, la lluvia registrada en el Valle de México y el agua que ingresó por el río Tula provocaron una inundación que afectó la ciudad, dejó 17 personas sin vida en el Instituto Mexicano del Seguro Social y más de 70 mil damnificados.
Cinco años después, los habitantes de Tula, a través de la Gran Asamblea de Damnificados, organización creada tras la tragedia e integrada por vecinos de más de 70 calles afectadas, sostuvieron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de México no han cumplido con las familias que aún no logran recuperarse de sus pérdidas.
Los vecinos advirtieron que las obras iniciadas desde entonces siguen sin concluir y denunciaron falta de planeación e indiferencia.
Afirmaron que esa situación pone en riesgo no sólo el patrimonio de las personas, sino también la seguridad de la ciudad y de sus habitantes.
La Asamblea señaló que el río Tula se ha convertido en una fuente de ganancias para empresas que continúan utilizando la desgracia de la población como pretexto para enriquecerse.
También sostuvo que, a cinco años de la inundación, la comunidad sigue lejos de alcanzar justicia y de garantizar el derecho a una vida digna.
La Comisión Nacional del Agua había anunciado trabajos de desazolve y ampliación del río, adecuaciones de puentes, rectificación del cauce y construcción de bordos, entre otras acciones.
Sin embargo, los habitantes acusaron que esos trabajos permanecen inconclusos.
Los afectados aseguraron que deben mantener su lucha para proteger su patrimonio y exigieron que el gobierno cumpla con las obras anunciadas y desarrolle la infraestructura necesaria para evitar que Tula vuelva a inundarse.
Por su parte, el obispo Juan Pedro Juárez Meléndez afirmó que la protección de la vida no puede quedar subordinada a intereses y demandó que el Gobierno ejecute las obras necesarias.
También pidió la creación de un sistema de alerta temprana para la población y de protocolos claros, cuya ausencia formó parte de las condiciones que se presentaron en 2021 y derivaron en la tragedia.
Finalmente, subrayó la urgencia de contar con obras hidráulicas concluidas, mantenimiento efectivo y un Atlas de Riesgos actualizado y de carácter vinculante.