– Cotizaciones superan hasta en 317% referencias de mercado; compra fue aprobada
La adquisición de cuatro drones, baterías, un altavoz y equipo complementario para labores de vigilancia en Tulancingo, por un monto de hasta 4 millones 750 mil pesos, fue autorizada por el ayuntamiento luego de que un día antes el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público municipal, aprobara realizar la compra mediante el procedimiento de adjudicación directa, pese a las objeciones planteadas por el Síndico Procurador Jurídico Hacendario, Pedro Hiram Soto Márquez.
Durante la séptima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, celebrada el 16 de julio, Soto Márquez solicitó suspender el procedimiento al sostener que los precios considerados en la adquisición, no correspondían con los del mercado que presentó durante la sesión y que el procedimiento no cumplía con el principio de economía previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
A esa petición se sumó el contralor municipal, Miguel Ángel Romero Mejía, quien manifestó adherirse a la moción del síndico e invitó a los integrantes del comité a tomar una decisión apegada a los criterios de legalidad.
Como ejemplo, el síndico expuso que un centro de carga DJI Dock 3 tenía un valor comercial de 211 mil pesos, mientras que un dron Matrice 4TD Plus se comercializaba en alrededor de 133 mil pesos, por lo que sostuvo que los precios considerados en el procedimiento estaban por encima de las cotizaciones reales del mercado.
La cotización presentada por Rodríguez Group, que obra en el expediente, establece un precio de 612 mil 107.24 pesos para el DJI Dock 3 y de 355 mil 472.23 pesos para el Matrice 4TD Plus. Asimismo, cotiza la batería M4DBAT en 26 mil 298.25 pesos y el servicio FlightHub en 101 mil 645.69 pesos, cifras superiores a las referencias de mercado mencionadas por el síndico en la sesión. La propuesta económica del proveedor asciende a 4 millones 623 mil 671.03 pesos.
Soto Márquez también argumentó que el procedimiento no se ajustaba a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al considerar que no se acreditaban los criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez que deben justificar un procedimiento de excepción.
Como segundo argumento, recordó que la Comisión Permanente de Hacienda no aprobó, el 7 de julio, la iniciativa correspondiente a la primera modificación del Presupuesto de Egresos.
Con base en ello, sostuvo que el ayuntamiento no contaba con suficiencia presupuestal para concretar la adquisición y advirtió que aprobar el procedimiento implicaría incumplir el artículo 95, inciso 5, fracción 9, de la Ley Orgánica Municipal.
Pese a los planteamientos del síndico, el Comité de Adquisiciones aprobó por mayoría el procedimiento de adjudicación directa, con tres votos a favor y uno en contra.
No obstante, el propio comité estableció que la contratación no podría formalizarse hasta que fuera aprobada la modificación presupuestal correspondiente.
Al día siguiente, el 17 de julio, el ayuntamiento aprobó destinar hasta 4 millones 750 mil pesos para la adquisición de cuatro drones con accesorios destinados al Centro de Atención de Seguridad, Video Vigilancia Inteligente y Monitoreo Policial (CASVIMP), con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales.
La autorización se dio después de que durante la sesión del Comité de Adquisiciones se plantearan objeciones sobre los precios y la adjudicación directa.