Analistas anticipaban el impacto negativo que se generaría en la economía debido a la incertidumbre que provocaría la implementación de la reforma judicial.
Esta situación fue interpretada como una crítica antisistema o como una postura contraria al Gobierno Federal, hasta que el pasado 1 de octubre la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) publicó un análisis que ya contabiliza dicho impacto.
Los efectos directos se reflejan en las decisiones de inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal, debido a que las empresas tuvieron que modificar sus estrategias de protección jurídica en temas como contratos, mecanismos de arbitraje, seguros y estrategias de litigio, entre otros.
En números, lo anterior significa que 7 de cada 10 empresas se vieron afectadas directamente por la reforma judicial; 3 de cada 10 ya cancelaron o disminuyeron sus inversiones; 4 de cada 10 evalúan realizar cambios en su operación, y 8 de cada 10 ya modificaron o analizan modificar su estructura jurídica.
De las 3,721 empresas afiliadas a la Confederación, el 38.9% lleva a cabo sus operaciones con mayor cautela antes de comprometer su capital. Esta situación, en conjunto, podría significar una reducción de hasta 1% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las posturas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Sin duda, el análisis refleja que la reforma trascendió el ámbito jurídico e influyó en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en el país. Esto se debe a que las empresas perciben una disminución en la certidumbre respecto a la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo.
Esta situación se suma a los costos de operación de las empresas, como si no fuera suficiente con la inflación, los impuestos, la inseguridad y la corrupción.
El deber ser demandaba una reforma judicial enfocada en responder a los problemas de acceso a la justicia, burocracia, corrupción, impunidad e inseguridad, garantizando la certeza de un Estado de derecho que contribuya al desarrollo de proyectos, genere confianza en los contratos y proteja el patrimonio y los derechos de las personas.
Todo ello debería trascender el ámbito jurídico y materializarse en recursos destinados a la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico.
La elección por voto popular de las personas juzgadoras, ha significado un costo importante para el país. Y no me refiero únicamente a los recursos que se gastaron para hacer posible dicha elección, sino también a la pérdida de garantías operativas y de inversión privada.
* Las opiniones expresadas por columnistas y colaboradores son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la línea editorial de este periódico.