Por Luis G. Ortiz
La confianza en las instituciones no se pierde de un día para otro, pero puede deteriorarse cuando sus decisiones dejan más dudas que respuestas. El Instituto Nacional Electoral (INE), pieza fundamental de la democracia mexicana, enfrenta una crisis que va más allá de un relevo en su presidencia: pone a prueba la transparencia de su gestión y la credibilidad de una autoridad cuya principal responsabilidad es garantizar elecciones confiables.
La renuncia de su presidencia, formalizada este 26 de octubre, ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio para esclarecer los hechos.
Aunque las responsabilidades deberán determinarse conforme a la ley, la gravedad de los indicios obliga a exigir una investigación exhaustiva y resultados verificables.
El fondo del problema es político e institucional. El INE necesita autonomía para actuar sin presiones externas, pero esa independencia no lo exime de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Por el contrario, una institución que exige certeza y legalidad en los procesos electorales debe demostrar esos mismos principios en su funcionamiento interno. La autonomía no puede convertirse en un argumento para eludir la fiscalización, ni la fiscalización debe utilizarse para comprometer la independencia del árbitro electoral.
La renuncia representa un cambio importante, pero no resuelve por sí misma la crisis. Las investigaciones deben continuar y, si se acreditan irregularidades, deben establecerse las responsabilidades correspondientes.
El relevo también será determinante: la nueva conducción tendrá que demostrar capacidad, independencia y disposición para corregir las fallas, sin responder a intereses particulares.
El momento es especialmente delicado. México se encamina a las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales y se celebrarán comicios locales en las 32 entidades.
Llegar a esa jornada con dudas sobre la credibilidad de la autoridad electoral podría profundizar la desconfianza ciudadana y aumentar las tensiones políticas. Por ello, recuperar la confianza requiere algo más que declaraciones: hacen falta transparencia, controles eficaces y decisiones que resistan el escrutinio público.
Cuestionar al INE no significa debilitarlo. Significa reconocer que ninguna institución está por encima de la ley y que la defensa de la democracia también exige corregir sus deficiencias. La verdadera fortaleza institucional consiste en garantizar elecciones imparciales, administrar responsablemente los recursos y responder con claridad ante cualquier señalamiento.
La pregunta es: ¿podrá el INE recuperar la confianza antes de las elecciones de 2027?
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