A dos años de haber asumido la administración municipal, los documentos oficiales del ayuntamiento de Tulancingo reflejan disparidades en torno al grado de escolaridad de la presidenta municipal, Lorena García Cazares.
Un análisis a los registros públicos de la gestión muestra que los datos sobre su grado de estudios varían dependiendo de la plataforma, el formato o el trámite institucional consultado.
Las diferencias en la trayectoria de la actual alcaldesa tienen antecedentes en los procesos de fiscalización ciudadana.
Durante las elecciones de 2024, la plataforma independiente Saber Votar —herramienta para comparar perfiles y trayectorias de candidaturas— registró vacíos en la información pública de la entonces candidata.
De acuerdo con la evaluación de dicha plataforma, Lorena García Cázares no contestó el cuestionario institucional y, en el apartado de Educación, se consignó textualmente la leyenda “No proporcionó información”.
Asimismo, aunque en su trayectoria se le catalogaba de forma genérica como “comerciante” y se mencionaban cargos en organismos como la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) o el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), la ciudadanía no contó con detalles precisos sobre el ramo, el giro o las características específicas de su actividad comercial.
Al contrastar la información con la declaración patrimonial de la funcionaria —instrumento formal de rendición de cuentas en la página de transparencia—, el último grado de estudios registrado cambia por completo y se limita exclusivamente al nivel de preparatoria.
A este claroscuro en su perfil se suma la opacidad y los cambios drásticos en sus declaraciones de bienes, que investigaciones periodísticas de este medio de comunicación han documentado.
El primer antecedente se documentó con el Formato Total de la Declaración Inicial (expediente -6000), ingresado el 9 de mayo de 2025 tras su toma de posesión.
En la versión pública de dicho informe, la autoridad municipal testó —es decir, clasificó como reservados— los rubros correspondientes a bienes inmuebles, vehículos, inversiones, cuentas bancarias, valores y participación en empresas, impidiendo transparentar con qué patrimonio arrancó su gestión.
Lo único visible en ese momento fueron los 245 mil pesos netos por “Actividad Industrial, Comercial y/o Empresarial”, aunque la publicación difundida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) omitió el desglose de la razón social y el giro del negocio que generaron dicha utilidad.
El escenario cambió para la Declaración de Modificación 2026, recibida por la Contraloría Municipal el 11 de mayo de 2026.
En este segundo expediente, los apartados previamente reservados quedaron desclasificados, pero aparecieron en ceros: la edila reportó “(Ninguno)” o “cero pesos” en bienes inmuebles, omitiendo casas o terrenos.
La misma cifra se repitió en vehículos y activos financieros, donde juró no poseer automotores, inversiones ni cuentas de ahorro.
Asimismo, sus ingresos por actividad empresarial cayeron por completo a cero pesos, reduciendo sus percepciones anuales declaradas únicamente a los 190 mil 223 pesos correspondientes a su sueldo como alcaldesa.
En este contexto, cobra relevancia el llamado que el pasado viernes 11 de septiembre hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a todos los servidores públicos para hacer pública su declaración patrimonial.
Sin embargo, hasta la fecha, la alcaldesa no ha realizado dicha publicación, a casi ocho días de esta petición.
A estas contradicciones patrimoniales y curriculares se añade la forma en que valida sus actos de autoridad: en los convenios y contratos firmados por el ayuntamiento, la titular del ejecutivo municipal omite cualquier grado académico o mención profesional, firmando de manera formal anteponiendo únicamente la abreviatura de “C.” (Ciudadana), sin plasmar la condición de pasante —en caso de tenerla— tal como lo indica el formato de su currículum institucional.
Estas diferencias documentales coinciden con el corte de los dos primeros años de gestión municipal, periodo en el que —bajo las responsabilidades del cargo— Lorena García Cázares percibe un sueldo bruto de 50 mil 314 pesos mensuales.
De acuerdo con datos de transparencia, tras aplicarse las deducciones de ley, la percepción neta se establece en 40 mil 752 pesos.
Aunado a este manejo en su documentación y expediente, en el terreno político y de comunicación social se ha notado un sello particular: ante la ausencia de un discurso político propio o espontáneo, la funcionaria opta de manera sistemática por la lectura estricta de cualquier intervención, apegándose rígidamente a textos escritos previamente —una práctica que se ha prolongado incluso en ceremonias solemnes de relevancia cívica y popular como lo fue el Grito de Independencia—.
A dos años de distancia, la coexistencia de datos tan dispares entre las plataformas de transparencia, la reserva inicial de información, la posterior aparición de un patrimonio en ceros y las diferencias escolares evidencia vacíos severos en los filtros de control interno.
Para los observadores de la vida pública local, la falta de congruencia en requisitos básicos y en la rendición de cuentas no solo vulnera el derecho ciudadano a la información clara, sino que exhibe la opacidad con la que se integran los expedientes oficiales de quienes administran recursos públicos en Tulancingo.
