El diputado priista Marco Antonio Mendoza Bustamante afirmó que no se puede seguir exigiendo a los jóvenes que aporten su tiempo y conocimientos sin remuneración cuando enfrentan carencias económicas, por lo que presentó en sesión ordinaria una reforma a la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Hidalgo para que el servicio social de estudiantes de nivel superior sea pagado.
Reconoció que uno de los principales retos será que el gobierno estatal etiquete recursos públicos para este fin, ya que de cubrirse al menos un salario mínimo la erogación anual superaría en promedio los 800 millones de pesos.
Explicó que la propuesta plantea que el Estado y las instituciones receptoras definan un tabulador de pago de acuerdo con las horas trabajadas y el tipo de actividad realizada.
También señaló que diversas dependencias utilizan a los prestadores de servicio social como mano de obra gratuita sin asignarles tareas acordes con su perfil académico.
Actualmente, entre 16 mil y 18 mil alumnos realizan servicio social en cada ciclo escolar.
Tan solo la UAEH concentra entre 8 mil y 9 mil estudiantes en esta modalidad.
A ello se suman entre mil 500 y 3 mil alumnos de los tecnológicos federales y universidades politécnicas, así como de 2 mil a 2 mil 500 de las escuelas normales.
En las instituciones privadas la cifra oscila entre mil 800 y 2 mil estudiantes, mientras que otras escuelas aportan entre mil y mil 500 más.