Esta temporada de descuentos y de compras al por mayor por gran parte de la población, lo cual se ha visto reflejado en el número de personas que hemos vistos por las calles de nuestras ciudades, en los centros comerciales y en el tráfico más que habitual.
Ello sin duda genera un movimiento en nuestra economía, que esperemos sea para benéfico.
No obstante, parece que las ofertas y la publicidad tienen un momento de protagonismo y como tal, el Estado no puede ser ajeno a dicho fenómeno, por lo que es necesario que las autoridades correspondientes presten una singular atención a la protección de los derechos de los consumidores.
Se debe partir de la idea de que quienes adquieren un bien con el fin de utilizarlo para un uso personal y último, pero los consumidores son expertos en dichos bienes, puesto que la única finalidad es disfrutar el bien que se adquiere, como cuando se compra un automóvil, una casa o un producto.
En tal sentido, no se le puede exigir a quien compre un auto, que conozca a detalle que el mismo no tenga ningún defecto de fabrica o que pueda prever alguna falla, como tampoco se puede exigir a una persona que sea experta en transferencias electrónicas o bancarias.
Por tanto, la ley y las autoridades se convierten en garantes de la protección del consumidor obligando a quienes son proveedores de garantizar las condiciones para que las personas puedan disfrutar de aquello que adquieren.
Si bien en nuestro país su regulación dista de ser la panacea que muchos quisiéramos si existe una regulación y una protección a través de la PROFECO o CONDUSEF, dependencias que se encuentran obligadas a garantizar los derechos de quienes somos consumidores.
Porque solo a través de una conciencia de protección al consumidor, tendremos una competencia de proveedores que garantice un bienestar a nuestra sociedad.
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