• La ofrecieron antes de autorizar el recurso y sigue ¡sin operar!

Con un expediente que contiene inconsistencias de tiempo, y falta de especificación legal para no someter a concurso, el gobierno municipal de Tulancingo asignó de forma directa un contrato por 2 millones 084 mil 130.44 pesos para la construcción del Paseo Artesanal en las instalaciones del Ferrocarril, frente a la Cineteca, en la colonia Ferrocarrilera.

El proyecto, financiado con recursos del fondo de Reintegro del Impuesto Sobre la Renta, debía convertirse en un espacio para impulsar la economía local y recaudar fondos con fines asistenciales; sin embargo, a meses de haber concluido físicamente, la obra permanece sin aperturar.

Detrás de esta infraestructura inoperante se encuentra un proceso de adjudicación que fue formalmente rubricado por la presidenta municipal, Lorena García Cazáres; la contratista Teresa de Jesús Miranda Ostria; el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente, Armando Pérez Alcíbar; y el director de Obras Públicas, Noé Peza Morgado.

El tropiezo institucional radica en el origen formal del proceso. De acuerdo con el Oficio-Invitación número MTB-AD-ISRTA-01/2026, firmado por el director de Obras Públicas municipal, la dependencia convocó e invitó directamente a la contratista Teresa de Jesús Miranda Ostria el 6 de julio de 2026, fecha en la que la proveedora firmó de recibido el documento.

Sin embargo, el propio cuerpo del oficio expone una anomalía: el funcionario municipal fundamenta el inicio del procedimiento señalando que los trabajos se realizarán con cargo a los recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo mediante el oficio de autorización HACIENDA-V-ISRTA/GI-2025-077-005, fechado un día después, es decir, el 7 de julio de 2026.

En los hechos, el gobierno de Tulancingo convocó y notificó a la contratista para una adjudicación directa antes de que la Secretaría de Hacienda estatal autorizara formalmente la suficiencia presupuestal, violentando los principios básicos de planeación y legalidad en el ejercicio del gasto público.  

Para un contrato que supera los dos millones de pesos, monto que ordinariamente requeriría un concurso por invitación a cuando menos tres personas o una licitación pública, la Dirección de Obras Públicas optó por la adjudicación directa.

No obstante, al revisar el documento oficial, el área a cargo omitió especificar y motivar la causa real o el dictamen de excepción por el cual se evadió el concurso abierto, limitándose a enlistar un bloque masivo de artículos de manera genérica, desde la Constitución local y decenas de preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su reglamento, hasta el artículo 66 del Presupuesto de Egresos estatal 2026.

Pese a invocar dicha normatividad, el documento carece de los sustentos específicos que la ley estatal exige para toda adjudicación directa por excepción, tales como peligro social, urgencia imperiosa o casos fortuitos.

Conforme a las bases establecidas en el procedimiento, la administración municipal fijó la visita al sitio de la obra para el 14 de julio de 2026 y la presentación y apertura de proposiciones para el 21 de julio de 2026. Asimismo, se estableció el inicio de los trabajos para el 27 de julio de 2026 con un plazo de ejecución de 60 días naturales, fijando como fecha estimada de terminación el 24 de septiembre de 2026.

El proyecto contempló más de 400 metros cuadrados de adoquín y la habilitación de 16 espacios diseñados para albergar de manera simultánea a dos expositores cada uno, alcanzando una capacidad instalada para 32 comerciantes.

Según informó la autoridad en su momento los usuarios cubrirían una cuota por espacio y que dichos recursos serían destinados con un fin social para otorgar ayudas funcionales a través del Sistema Municipal DIF.   Sin embargo, el calendario se cumplió y la obra concluyó en septiembre, pero las puertas siguen cerradas.

A meses de haber concluido los trabajos físicos, el Paseo Artesanal sigue inoperante, frenando tanto la recaudación destinada al DIF Municipal como la reactivación económica de los artesanos de Tulancingo.

El retraso exhibe una incongruencia de fondo en el proceso de contratación: si los funcionarios recurrieron a excepciones legales para esquivar el concurso abierto —procedimientos diseñados para atender necesidades inmediatas o de urgencia—, carece de sentido que la infraestructura permanezca cerrada desde septiembre.

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