- Hay disponibilidad de armas en los hogares, advierte
El activista de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Rafael Castelán, consideró que los estudiantes que llevan armas a las escuelas y, en algunos casos, las utilizan para agredir responden a una combinación de acceso al armamento, discursos de odio en internet y violencia estructural que las revisiones de mochilas no pueden resolver.
Castelán destacó que esta situación exige una prevención desde fuera de los planteles, ante las condiciones que permiten a los adolescentes acceder a un arma, los contenidos digitales que normalizan las agresiones y una respuesta del Estado que, señaló, transmite un mensaje de impunidad.
Afirmó que los jóvenes, durante la construcción de su identidad, tienen acceso en internet a páginas, influencers y comunidades digitales que promueven posturas contrarias a los derechos humanos, particularmente narrativas de odio hacia las mujeres.
Señaló que los casos registrados en los últimos días coinciden con la disponibilidad de armas en los hogares, algunas de las cuales, sostuvo, no cuentan con los permisos correspondientes. Añadió que la presencia del crimen organizado ha favorecido la circulación de este tipo de armamento.
Lamentó que este entorno de violencia y una respuesta limitada del Estado generen condiciones para que los adolescentes tengan a su disposición pistolas, navajas, cuchillos o machetes, con los que buscan afirmar su identidad o pertenencia a determinado grupo.
Rechazó que el operativo mochila sea una solución para este problema. Indicó que se trata únicamente de una medida temporal que no modifica las condiciones que originan esta situación.
“Nos manifestamos en contra del operativo mochila; no es una salida”, afirmó el activista, quien señaló que estas revisiones también vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Consideró que las acciones de prevención deben abarcar la responsabilidad de las plataformas digitales, por lo que planteó la necesidad de regular los contenidos y exigir a las redes sociales que retiren publicaciones misóginas, despectivas o que inciten a la violencia.