A partir de 2027, la autoridad fiscal impondrá una sacudida estructural a las finanzas corporativas en México. Con la reforma al artículo 78-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gobierno pone fin a una práctica contable histórica: la prohibición de que las empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos, deduzcan el 100% de sus gastos.
Aunque la medida excluye a micro, pequeñas y medianas empresas, a negocios de reciente creación, a la industria automotriz terminal y a las gasolineras, el impacto para el resto del sector empresarial será profundo.
Durante años, la práctica común en el mundo corporativo consistió en empatar las deducciones con los ingresos para alcanzar un equilibrio fiscal; una vía legítima que permitía reinvertir capital y sostener planes de expansión sin el ahogo impositivo en años de fuerte inversión.
A partir de 2027, las deducciones autorizadas tendrán un tope del 96.67% sobre los ingresos, forzando a las empresas a declarar y pagar ISR sobre al menos un 3.33%, con independencia de si obtuvieron o no una utilidad real en caja. El mensaje del Ejecutivo es contundente: el objetivo es que las empresas paguen impuestos, aun cuando contablemente no hayan registrado ganancias.
Hasta este punto, el argumento oficialista podría sonar sensato. La narrativa gubernamental sostiene que la medida busca neutralizar a las “factureras” y combatir la evasión fiscal de quienes inflan gastos para declarar en ceros. Sin embargo, la realidad macroeconómica sugiere una motivación muy distinta.
Ante la insostenibilidad financiera de los programas sociales, la baja captación de ingresos por parte de PEMEX, un crecimiento económico aletargado y la inviabilidad —tanto económica como electoral— de incrementar el IVA, el Gobierno Federal en su afán de recaudar ha decidido jugar con fuego. Esta reforma representa un arma de doble filo que, lejos de ser un dardo teledirigido a la ilegalidad, terminará impactando de lleno a los negocios honestos.
En el rigor del sistema capitalista, las empresas no operan para absorber pérdidas impositivas. Obligar a una empresa a pagar ISR sobre su utilidad desencadenará reacciones defensivas inmediatas: ajustes a la baja en la plantilla laboral y la congelación de planes de inversión o expansión.
Grandes empleadores del país como Bimbo, FEMSA, CEMEX, Grupo Salinas, Coppel, Walmart, Mercado Libre y Lala —por mencionar algunos—, tendrán que reestructurar sus proyecciones presupuestales. Cuando los gigantes corporativos frenan su dinámica de crecimiento para amortiguar el golpe fiscal, el efecto dominó sobre la economía real es inevitable.
Que no nos cause extrañeza si, como consecuencia directa de esta rigidez tributaria, la informalidad en el país alcance cifras récord en los próximos años. En su afán por recaudar a corto plazo, el fisco corre el riesgo de asfixiar la inversión productiva que sostiene el empleo formal en México.
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