El analista y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mario Cruz, consideró que de manera inédita, se han registrado hechos que incrementan el nivel de violencia en Hidalgo al atentar en contra de un juez y de elementos de seguridad, lo que representa una variable distinta en materia de seguridad.
Precisó que el hecho de que los grupos delictivos hayan atentado en contra del juez Víctor Hugo Matadamas, genera una alerta particular para la entidad. Además, recordó que en Hidalgo, de acuerdo con información de la DEA, operan tres cárteles del narcotráfico.
Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste, los cuales pueden incidir en la situación de paz que aún mantiene el estado. Si no existe voluntad política para combatir la inseguridad y la corrupción, advirtió, la situación podría deteriorarse aún más.
El enfrentamiento directo con autoridades, policías y jueces realizado por las células delictivas es un indicador importante que, dijo, se suma a estructuras complejas de corrupción y se replica con la violencia creciente de estos cárteles.
Mario Cruz resaltó que el gobierno tiene la posibilidad de revertir la inseguridad si se plantea un plan con vertientes prioritarias, como la inteligencia financiera, es decir, cortar el acceso a las rentas criminales.
También mencionó la necesidad de profesionalizar a las corporaciones en todos los órdenes de gobierno y generar políticas públicas territoriales idóneas, como la instalación de esquemas de denuncia en campo y la reconstrucción del tejido social. En este punto, hizo referencia a la complicidad de sectores de la sociedad en el tema del huachicol.
En relación con el asesinato de dos elementos de seguridad pública municipal ocurrido el fin de semana en Mixquiahuala, consideró que la situación podría tener un trasfondo mayor al señalado por el ayuntamiento; sin embargo, apuntó que se deberán esperar las investigaciones de las autoridades correspondientes.
El robo de hidrocarburos, recalcó, es el desafío estructural que enfrenta la entidad, la cual se ubica en primer lugar nacional en cuanto a tomas clandestinas, pese a las detenciones y a la recuperación de combustible que ha realizado el gobierno.
