En México, la violencia contra las mujeres se ha mantenido en niveles alarmantes, siendo uno de los contextos más críticos de violencia feminicida y otras formas de violencia de género en el continente”.
Según informes oficiales y análisis especializados, durante el año 2025, cada día fueron asesinadas siete mujeres y 34 más desaparecieron, aunque solo un número reducido de casos fue tipificado como feminicidio de manera formal por las autoridades
correspondientes”, declaró Claudia Luna Islas, diputada del GLPAN.
Dijo que esta discrepancia entre la cantidad de homicidios de mujeres y los casos tipificados como feminicidio, revelan no solo la magnitud de la violencia letal contra las mujeres, sino también fallas en los sistemas de clasificación, investigación y atención institucional, lo cual impacta directamente en la capacidad del Estado para brindar justicia y protección efectiva.
Por esta razón, desde el Congreso local se impulsa la capacitación obligatoria en perspectiva de género en Unidades Especializadas, es decir, los 84 municipios deberán contar con un área y personal capacitado para dar atención a los requerimientos.
Explicó que las cifras de violencia con impacto directo a mujeres, no solo se limitan a los
homicidios o feminicidios; también en múltiples formas de violencia como la sexual, la violencia familiar, económica o la violencia institucional, cuyos fenómenos afectan a un porcentaje significativo de la población femenina en el país.
De acuerdo con diversas investigaciones y reportes, miles de mujeres sufren violencia en distintos espacios, incluidos el hogar, la escuela, el trabajo y los servicios públicos, lo que evidencia que la violencia de género es un problema multifacético que requiere respuestas integrales que trasciendan las respuestas punitivas y penales y atiendan también las dimensiones sociales, culturales y administrativas que la perpetúan.
La violencia institucional refirió la legisladora, se presenta cuando las propias instituciones que tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de las mujeres, fallan en su deber, ya sea por falta de capacitación, prejuicios, negligencia,
estereotipos de género o ausencia de protocolos claros.
Esta forma de violencia agrava la situación de las víctimas, pues al buscar protección o
atención adecuada, las mujeres encuentran respuestas ineficaces, insensibles o discriminatorias, lo que no solo incrementa su vulnerabilidad, sino que perpetúa la impunidad y la desconfianza en las instituciones públicas encargadas de hacer valer sus derechos.
