Ramsés Almaraz, abogado de la familia Trejo Medina, destacó que luego de que el juez determinara la vinculación a proceso de sus clientes, A. M. H y A. W.T.L, esto no significa culpabilidad, sino el inicio de un periodo para la presentación de pruebas que, confía, demostrará su inocencia.
Tras más de 15 horas de audiencia, en la que los imputados comparecieron de manera virtual ante el juez Jesús Aním Ope Islas, se resolvió su vinculación a proceso.
Derivado de las indagatorias del Ministerio Público, se estableció la presunta responsabilidad de los señalados en la audiencia inicial, por lo que se formuló la imputación correspondiente.
No obstante, se precisó que dicha vinculación no puede ejecutarse de inmediato, ya que ambos cuentan con un amparo. En tanto, para la tercera implicada A.M.H., se impuso como medida cautelar la presentación periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir del país.
Al respecto, el abogado reiteró: “La vinculación a proceso no es sinónimo de culpabilidad de los imputados; por el contrario, es la oportunidad de que la autoridad analice todas las pruebas y determine su inocencia”.
Confió en que se realice un análisis objetivo y basado en los elementos del caso, y que sus defendidos serán declarados inocentes. Además, denunció que el juicio está sustentado en falsedades y que se ha utilizado a dos menores de edad para ejecutar una venganza.
Asimismo, señaló que mientras no haya una sentencia condenatoria, la Constitución protege a sus clientes para que enfrenten el juicio en condiciones de igualdad. “No existe un solo elemento probatorio que permita atribuir responsabilidad penal en contra de A.M.H.”, afirmó.
Recordó que ya existía un auto de no vinculación a proceso previo, y que si bien posteriormente se giraron tres órdenes de aprehensión, estas dijo respondieron a presiones ajenas al derecho. Por ello, hizo un llamado a los juzgadores para no dejarse influenciar por una narrativa falsa que, acusó, viola la presunción de inocencia.
Pidió además que el caso deje de ser mediático, ya que afirmó, está plagado de contradicciones y mentiras. “Quien puede sentenciar es únicamente un juez, con base en un procedimiento imparcial y sin manipulaciones. La acusadora que busca condenar aseveró, pretende dirigir la impartición de justicia, y eso no es posible en un estado de derecho”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que las dos menores han sido utilizadas como instrumento de venganza y que continúan bajo el cuidado de sus verdaderos agresores. Indicó además que existe una persona más implicada en los hechos en contra de las niñas, quien deberá comparecer ante la autoridad, lo que consideró abre la posibilidad de que se conozca la verdad en este caso.

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