A casi un mes de la liberación del ex contralor hidalguense César Román M.V., quien había obtenido una especie de amparo para salir de una prisión en Estados Unidos, será llamado a finales de enero de 2026 y acudir ante las autoridades de aquel país para determinar su situación legal.
El exfuncionario podría ser deportado o bien, extraditado, según sea el caso, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, quien acudió a comparecer ante el Congreso del Estado. Aseguró que no hay evidencias que el exgobernador Omar Fayad, haya participado en la Estafa Siniestra.
Manifestó que a pesar de haber obtenido su libertad el pasado 23 de octubre, tras su captura el 29 de mayo de este año, se ha dado seguimiento a su caso particular, por estar relacionado con la Estafa Siniestra.
Bardales Ramírez manifestó que existen ya 95 denuncias, además, que 26 ex funcionarios han enfrentado procesos penales por corrupción y casos de desvío de recursos, entre ellos los ex alcaldes Miguel Taboada, Felipe Juárez Ramírez y el ex oficial mayor Martiniano Vega Orozco, además de Fidel Arce Santander, por mencionar algunos. Al momento enfrentan procesos judiciales por 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 475 millones.
En el caso concreto de César “N”, aunque se había allanado a un proceso denominado Habeas Corpus similar al amparo en México, recurso legal que lo protege en su libertad personal y seguridad individual, es investigado por las autoridades mexicanas por su relación directa con la Estafa Siniestra, y, en la Unión Americana por su estadía ilegal.
Álvaro Bardales afirmó que el ex funcionario de la administración de Omar Fayad, cuenta con ficha roja, sumado a su estatus migratorio de dudosa procedencia, por lo que pudiera ser en el primer bimestre de 2026 cuando existan visos de solución en su posible deportación o extradición.
Por otro lado, señaló que los casos de nepotismo tienen un seguimiento gracias a las denuncias ciudadanas con materiales el caso más reciente: Huautla donde se está llevando a cabo una investigación minuciosa.
Comentó que otro caso más, donde la Secretaría de Contraloría ha sido enfática, es en Tulancingo, cuyos servidores públicos que tenían algún tipo de parentesco renunciaron por esta situación.
