Sin contemplar ley de Salud, atención médica a víctimas de violencia: ALVS

Ley General de Salud no contempla disposiciones para atención médica de niñas y mujeres víctimas de violencia, denunció la diputada de Morena, Alma Lidia de la Vega Sánchez.
Por ello, consideró fundamental el fortalecimiento de la citada legislación, para llenar un vacío legal que hasta hoy perdura.
Destacó la urgencia de hacer modificaciones a la Ley General de Salud, con el propósito de reconocer la obligación del Estado Mexicano, de implementar “deberes reforzados” para la protección de niñas, niños y mujeres víctimas de violencias.
“Los datos de la Secretaría de Salud reflejan la gravedad del problema. Por citar: tan solo en 2022 se registraron 32 mil 171 personas entre uno y 17 años que recibieron atención en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia familiar”, señaló la diputada federal por el estado de Hidalgo.
Asimismo, destacó que por su parte, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado las afectaciones a la salud de las mujeres derivadas de dichas violencias, que comprenden: afectaciones físicas como fracturas, traumatismos craneales, hasta situaciones extremas de discapacidad.
Otras consecuencias pueden ser el suicidio, la muerte relativa al VIH, síndromes de dolor crónico, desórdenes gastrointestinales, embarazos no deseados, complicaciones durante el embarazo y aborto espontáneo, agregó.
Sobre el deterioro psicológico, De la Vega Sánchez dijo que se conoce que la violencia causa trastornos de diversa índole en efectos negativos en la Salud Mental, como estrés postraumático, aislamiento, enfermedades psicosomáticas y dificultades en el rendimiento docente o laboral.
“Se sabe que en promedio, las mujeres afectadas por la violencia, pierden el 20 por ciento de su vida saludable, es decir en promedio ocho años de su vida. Este panorama expuesto, evidencia que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni un problema menor, es una emergencia de salud pública y una muestra de rezago legislativo que aún enfrentamos en término de igualdad sustantiva”, subrayó.
De ahí que propuso cambios estructurales y programáticos, para que la violencia de género sea considerada de interés prioritario y su abordaje se realice con los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad que la realidad exige.
“Esto significa que cada institución que brinde servicios de prevención y atención, deberá contar con protocolos de atención, canalización y urgencias conforme a los estándares internacionales de protección” y que la atención de las violencias contra las niñas y mujeres no sean esfuerzos aislados, “sino políticas públicas integrales diseñadas e implementadas con una visión de Estado”.