La muerte de un abogado afuera de los juzgados de la ciudad de México, no solo es un hecho lamentable, sino preocupante para la ciudadanía en general.
El asesinato de cualquier persona, es un caso que debe de ser investigado y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.
No obstante, el caso en concreto no es un hecho aislado, puesto que no es ni el primero en el año ni en los últimos meses, que pierde la vida en el desarrollo de sus labores.
Del mismo modo, no existe justificación alguna para no condenar un acto tan atroz, como aquel que se perpetró, puesto que la discriminación hacia la labor de los abogados postulantes, parece que hoy cobra una vida más, ante la falta de una condena social por la muerte de una vida ante un sicario.
No podemos normalizar bajo ninguna justificación, que existan personas que consideren que tiene la impunidad para privar de la vida a una persona ante los ojos de la propia justicia y de los juzgados.
Imaginar que hoy los abogados quienes defienden los intereses de las personas ante juzgados, tribunales y cualquier autoridad, se encuentran amedrentados, implica un ataque directo al Estado Constitucional de Derecho.
La exigencia debe de ser dura y sin ningún tipo de límite, no solo debe disminuir la violencia en nuestro país, sino la condena hacia la muerte de cualquier abogado debe de ser contundente, no puede ser considerada una profesión de peligro en nuestro país y mucho menos ser normalizada la violencia, ante quienes conocedores de la ley, defienden a quienes contratan su servicio.
Pensar lo contrario no solamente inhibiría la profesión, sino el acceso de las personas a una justicia digna a través de abogados férreos en su labor cotidiana.
jfernandoge1@gmail.com