Las recientes modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación, fueron aprobadas para su aplicación en el 2026. Con ello se le otorga más facultades al fisco, para combatir a las llamadas factureras y poder así incrementar su recusación.
¿Qué son las factureras? Son empresas o plataformas dedicadas a emitir facturas por operaciones simuladas o inexistentes. Estás existen para “ayudar” a otras empresas, a evadir impuestos al crear gastos falsos, reduciendo así su base imponible y por ende, pagando menos impuestos.
Estas empresas son ilegales y las ubicamos como empresas fantasma o factureras.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene ingresos tributarios que representan el 18% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje por debajo del promedio de la misma organización que es del 34% del PIB.
Por lo tanto, esta medida responde indudablemente a esa búsqueda de más recursos económicos y no tanto por mejorar la posición de eficiencia recaudatoria en la OCDE, sino porque cada vez resulta más difícil sostener los programas sociales de la 4T. Es como si se buscara dinero hasta debajo de las piedras, basta con ver todos los nuevos impuestos “saludables”.
¿Ahora bien, en qué consiste el combate a las factureras? Las medidas implementadas y propuestas son: 1) la venta de facturas falsas se tipifica como delito grave proponiendo; 2) prisión preventiva oficiosa; 3) se busca un procedimiento abreviado en donde la duración sea de máximo 24 días; 4) el SAT se apoyará de la inteligencia artificial para cruzar información y detectar irregularidades; 5) se exigirá que las empresas comprueben el domicilio fiscal registrado y 6) al inicio del proceso se dará de baja el sello digital de las empresas implicadas.
Sin duda, esta medida es un “buen” avance en cuanto a eficiencia recaudatoria, pero insisto, solo es un mejoralito para el dolor real. Como ya lo he mencionado en notas pasadas, si estructuralmente se quiere elevar la eficiencia recaudatoria en el país y elevar ese 18% del PIB al promedio de la OCDE, es necesaria una reforma fiscal de fondo, que modifique la forma de pagar impuestos en el país.
Insisto el escenario es perfecto, puesto que la reforma que se propone ya se autorizó. Pero ¿se animará Sheinbaum a proponer la reforma fiscal?
