La remoción de quien fuera uno de los Directores Generales en la SEP, ha sido una noticia nacional, no solo por la forma sino por las consecuencias que han trascendido.
En primer punto, parece que cualquier persona que se adjudique el trabajo de todos sus funcionarios de una dirección, al final no solo es la labor de una dirección sino del gobierno y ello implica que sea de la administración federal en turno.
Se debe recordar que las y los servidores públicos que laboran para un gobierno federal, trabajan sobre un proyecto aceptado por la mayoría, y los funcionarios deben ceñirse a ese plan que fue presentador democráticamente.
No obstante, el servicio público de carrera implica la profesionalización del personal, de tal forma que la burocracia mexicana debe especializarse para otorgar el mejor servicio posible.
En tal sentido, el servicio público de carrera genera certeza y certidumbre entre los empleados y trabajadores, generando no solo confianza sino estabilidad en los procesos de escalafón y de la propia burocracia.
En consecuencia, la movilidad o remoción de los servidores, implica salvaguardar la garantía de estabilidad laboral.
Sin embargo, en el caso de servidores públicos que son considerados de confianza, no gozan de los privilegios de dicha carrera de servicio público.
En tal sentido, a través de los procedimientos administrativos y salvaguardando sus derechos laborales, es viable la remoción de dicho personal con el objetivo de que se adecue con las decisiones que deben tomarse con el proyecto que ha sido aceptado de un gobierno.
Parece que los cambios en beneficio de un proyecto que democráticamente ha sido aceptado, genera instituciones solidas en pro de nuestro país.
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