Proponen Morena cambio en Ley de Salud para identificar a los grupos de atención prioritaria

La salud es derecho fundamental por lo que debe ser protegido y garantizado de manera prioritaria, para aquellos grupos sociales que han sido históricamente discriminados, como los grupos vulnerables, afirmó la diputada de Morena, Alma Lidia de la Vega Sánchez.
Por este motivo, propuso que en el artículo 1 de la Constitución se ponga como eje central, el principio por persona, para lo cual también plantea que se reformen varios artículos de la Ley Federal de Salud.
De tal manera que, agregó, las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos y, por ello, reconocer que es obligación del Estado mexicano la implementación de políticas públicas que cumplan con esos derechos.
Indicó que este término, aunque útil en su momento, ha demostrado sus limitaciones en un contexto donde la igualdad sustantiva y el enfoque de derechos humanos, deben prevalecer como principios rectores de nuestro quehacer legislativo.
“Es un tema central en la agenda de derechos humanos, uno que nos desafía a revisar el marco conceptual y normativo que guía nuestras políticas públicas, el uso del concepto grupos vulnerables”, expresó la legisladora por el estado de Hidalgo.
Para ello, plantea que se modifiquen los artículos 27, 73, 115, 185 y 192 de la Ley General de Salud, con el objetivo de una armonización legislativa con el artículo 1o. de la Carta Magna, de tal manera, destacó, que las personas puedan ejercer sus derechos y, por ello, reconocer que es obligación del Estado mexicano la implementación de políticas públicas que cumplan con esos derechos.
Afirmó que esta propuesta está acorde con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “porque este gobierno se caracteriza por ser un gobierno de derechos, no de privilegios, prebendas o dádivas”, expresó.
De la Vega Sánchez hizo un llamado a reflexionar sobre los riesgos que implica perpetuar una narrativa que etiqueta y estigmatiza a sectores poblacionales y a emprender una reconcepción que privilegie el empoderamiento, la autonomía y la titularidad plena de derechos de todas las personas, particularmente aquellas que enfrentan desigualdades estructurales.
Manifestó que el término grupos vulnerables nació como un recurso lingüístico y político para identificar a colectivos que enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso pleno a derechos. Sin embargo, al centrar la atención en la vulnerabilidad como una característica inherente, se corre el riesgo de construir narrativas asistencialistas que refuerzan la dependencia al Estado, perpetuando la exclusión y la estigmatización.
“La vulnerabilidad no es una condición intrínseca, sino el resultado de contextos históricos, culturales y estructurales que generan desigualdades y limitaciones. Es fundamental que desde este pleno revisemos cómo nuestras leyes y políticas contribuyen, en algunos casos, a perpetuar esta narrativa en lugar de combatirla”, dijo.
Considero que los llamados grupos vulnerables no requieren únicamente protección pasiva, requieren medidas para la igualdad, tales como medidas de inclusión, de nivelación y acciones afirmativas, en suma, de políticas públicas transformadoras y un compromiso legislativo que atienda las causas estructurales de su desventaja.
De ahí que propuso reemplazar el término grupos vulnerables con el concepto de grupos de atención prioritaria.