Con el fin de seguir combatiendo la corrupción en la administración pública federal, el diputado de Morena, Daniel Andrade, propuso que se aplique una serie de sanciones en contra de los servidores públicos que incurran en este tipo de prácticas.
Dichas sanciones irían desde la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
Además, la ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
En cuanto a las faltas administrativas graves, estás serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Para ello, el diputado hidalguense propuso que se realicen una serie de modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de órganos internos de control en los municipios o alcaldías.
Andrade Zurutuza afirmó que el combate a la corrupción es un tema relevante y de política pública y es una de las banderas de la cuarta transformación.
Dijo que terminar con la corrupción es una de las demandas que ocupa uno de los primeros lugares de importancia para las y los mexicanos. Según datos de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública Encoap 2023, del Inegi, la corrupción sigue siendo una de los principales problemas de México.
El político hidalguense comentó que en México, una de las áreas gubernamentales para prevenir la corrupción son los órganos internos de control, los cuales deben establecerse en las instituciones públicas a nivel federal, estatal y municipal, con el fin de prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento al ingreso, egreso, manejo y aplicación de los recursos públicos.
Sin embargo, afirmó que hay factores que impiden que los órganos internos de control puedan cumplir con sus facultades de combate a la corrupción, como son: la falta autonomía, la falta de capacidad institucional y la falta de legitimidad en los procesos de designación de las personas titulares.
