Piden trabajadores de CDHEH investigar a la Ombudsperson por hostigamiento laboral

Trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), pidieron al Congreso local la suspensión provisional de la ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla, para investigar presunto hostigamiento laboral y violaciones a sus derechos laborales.
A través de un escrito ingresado el pasado 6 de febrero, visitadoras y visitadores adjuntos A y B y personal administrativo, acusan afectación a sus derechos humanos.
“Solicitando de forma urgente e inmediata que se inicie una investigación en su contra, y atendiendo tanto al “Protocolo Cero como a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo en su artículo 48 fracción 1, 73 fracción II se dicte de forma equiparable una medida provisional consistente en la suspensión del empleo”, señala el documento.
Indicaron que desde el 29 de julio de 2022, fecha en que la que asumió el cargo, comenzó a despedir sin justificación alguna, a personal operador de la CDHEH: abogados con plazas de Visitadores A y B que tenía años de experiencia en la materia. Ello provocó lentitud en los procesos al contratar nuevo personal, acusaron.
Además, señalaron que los asignaba a actividades que no corresponden a sus funciones.
“Que la acompañáramos a la feria para que políticamente queda bien. Nos obligó a acudir a eventos con niños en orfandad, exigiendo que jugáramos con ellos, un evento realizado en la ex hacienda Concepción desde la 8 am hasta las 9 pm; acciones que lejos de proteger los derechos humanos, los violaban al obligar a los pequeños a que comieran, lo que Ana Karen Parra Bonilla llevó, haciendo estas acciones solo para la foto”, añade el escrito.
Añadió que obliga a los Visitadores A y B, a acudir a las manifestaciones -lo que señalaron como pérdida de tiempo en sus funciones-, como en la protesta de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 2023, a la cual los forzó a ir en la madrugada, sin el pago de horas extra, expresaron.
“Denunciamos igual que desde que entró hasta apenas el 30 de enero de 2026 ha cambiado a más de 205 personas, la mayoría obligándolas a renunciar y otras que tiene juicios en contra de la Comisión”, añade el escrito