Debido a que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y, estudios nacionales han detectado observaciones por más de 346 millones de pesos en la cuenta pública 2023 por anomalías en la obra pública ejecutada, y no se cubren reparaciones, diputados locales se pronuncian a favor de extender la misma por tres años.
Con esta medida se pretende que las empresas constructoras muestren un compromiso eficaz durante ese tiempo y respondan así, a defectos o bien daños que presenten las obras; la garantía que ofrecen actualmente los contratistas de obra pública es de solo 12 meses.
Para tal efecto, será necesario reformar el artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, es decir, las empresas tendrán que responder a cualquier tipo de afectación registrada durante ese lapso de tiempo establecido por el gobierno estatal.
Claudia Luna Islas, diputada local refirió que esta medida busca proteger el patrimonio público estatal y municipal, asegurando que las obras financiadas con recursos públicos, como son las calles y avenidas, sean durables y ejecutadas con materiales de calidad, respondiendo así, a la necesidad de atender cualquier tipo de defecto que se manifieste entre los primeros 18 y 36 meses posteriores a la entrega oficial.
Si bien, dichas empresas están obligadas a cumplir con una fianza de un 10 % sobre el monto total ejercido, esto no debe eximirlos después de transcurrir los 12 meses, de lo contrario, no podrá conocerse si el material aplicado es de calidad o no.
Luna Islas comentó que los estudios técnicos realizados en la infraestructura por el deterioro prematuro, especialmente en pavimentaciones y caminos, se debe a un problema estructural, de ahí la importancia de obligar a las constructoras a cumplir con su responsabilidad y con ellos, habría de evitarse que el gasto al erario público cubra mantenimiento derivados de fallas en la ejecución.
