Aylen Trejo Leal, tía de las dos menores víctimas de violación en Zimapán, adelantó que buscará que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), ante su desconfianza en las autoridades locales.
En el caso, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) imputó al empresario y operado político de Morena Arturo Willy Trejo Leal, junto a su esposa, como presunto responsable del delito, pero la jueza de control Janett Montiel Mendoza no lo vinculó a proceso.
“Ahorita se está revisando el caso para la petición (ante la FGR)”, expresó la también hermana del morenista y de la madre de la víctimas.
Dijo que las menores no fueron vulneradas sola una vez, por lo cual existen más de 16 hechos en la carpeta de investigación, pero “solo se tocaron dos” de ellos con órdenes de aprehensión.
Afirmó que las autoridades estatales pudieron haber librado otras órdenes de aprehensión; sin embargo, no lo hicieron.
Actualmente en un Tribunal de Circuito federal se encuentra en revisión el amparo que Aylen obtuvo en diciembre pasado, en el cual se deja sin efectos la no vinculación a proceso del empresario y su esposa, Berta Eva Medina Hernández, y se ordena que la jueza de control emitir otra resolución tomando en cuenta las declaraciones de las menores.
Aseguró que no es necesario que termine ese proceso, que se encuentra en el Poder Judicial de la Federación, para atraer el caso hacia la fiscalía.
“Hay un contubernio y un conflicto de intereses, quien no lo conoce, Willy Trejo es proveedor del gobierno, casualmente, estuvo prófugo nueve meses y no estuvo ubicable para el gobierno para que fuera aprehendido, pero le siguieron dando contratos durante ese tiempo, entonces qué casualidad que para enfrentar la justicia no estas ubicable, ¿pero si para que te sigan dando contratos?”, acusó.
El miércoles, por más 12 horas el palacio de gobierno y vías primaras de Pachuca fueron cerradas por transportistas, quienes afirmaron que llevaron a cabo la medida en apoyo para exigir justicia para las menores. La autoridad estatal afirmó que forman parte del Sindicato del Cemento, que el año pasado quiso entrar a la fuerza a Zimapán para efectuar los acarreos en las minas.
