Luego de que durante varias semanas se percibieron olores intensos, así como algunos daños a la salud en el municipio de Tula, derivados de la contaminación del río presuntamente relacionada con derrames de hidrocarburos, personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente acudió al lugar para tomar muestras.
Esta situación ya había sido denunciada en diversas ocasiones; sin embargo, nuevamente se informó que el centro de la ciudad había sido afectado por un presunto derrame de combustible en el río, lo que originó que desde la semana pasada se intensificaran, sobre todo por las noches, los fuertes olores que ocasionaban incluso molestias físicas.
Los pobladores aseguraron que el río presentó cambios visibles en la coloración del agua y una consistencia espesa. Además, señalaron que el olor ingresaba a los hogares y provocaba dolor de cabeza, irritación en ojos y garganta, así como alergias.
Esta situación también se extendió a otras demarcaciones como Mixquiahuala y Tlahuelilpan. Ante ello, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudió para recabar testimonios y evidencias; no obstante, destacaron que el derrame de combustibles no es competencia directa de esta institución.
Señalaron que, sin embargo, se documentaría el caso y se canalizaría la información a las instancias correspondientes, dando vista a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como a la Conagua y Pemex.
Durante el encuentro, los vecinos denunciaron que esta problemática no es reciente, pero se ha agudizado en los últimos días. Además, lamentaron la falta de operación de infraestructura para el monitoreo del agua, lo cual se suma a la ausencia de acciones ante emergencias ambientales.
También señalaron que el proyecto de colectores no cumple con los requisitos técnicos, lo que ha generado un daño adicional. Asimismo, acusaron que han sido otras instituciones, y no el Estado, quienes han realizado algunos estudios, como el Colegio de México, donde las muestras de agua revelaron una calidad muy mala, lo que reforzó la preocupación de los habitantes de la zona.
Ante ello, exigieron una intervención coordinada de autoridades federales y estatales, así como la instalación de módulos médicos para atender afectaciones derivadas de la exposición constante a contaminantes.

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