El director de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), Javín Alan Álvarez Ríos, advirtió que los asesinatos de mujeres vinculados con delitos como narcomenudeo o robo de hidrocarburo corren el riesgo de no investigarse como feminicidios debido a la forma en que se integran las carpetas de investigación.
Explicó que cuando existen indicios relacionados con delincuencia organizada, ataques armados o ejecuciones, los casos son canalizados a fiscalías especializadas en delitos de alto impacto o crimen organizado, lo que deja fuera las indagatorias con perspectiva de género.
En ese contexto, sostuvo que cuando ocurre un tiroteo o se presume una ejecución, la muerte violenta de mujeres deja de investigarse como feminicidio.
Ante ello, consideró necesario que Hidalgo comience a incorporar la perspectiva de género en este tipo de hechos y señaló que deben identificarse elementos de violencia de género incluso en delitos relacionados con crimen organizado o robo de hidrocarburo, debido a que las mujeres enfrentan distintas formas de violencia.
El activista recordó que desde el año 2000, y con mayor intensidad tras la pandemia de COVID-19, esta organización alertó sobre el incremento en el uso de armas de fuego en delitos cometidos contra mujeres.
También expuso que, en los casos recientes ocurridos en Actopan y Tezontepec de Aldama, donde fueron asesinadas dos mujeres y existen vínculos con sus parejas sentimentales, hay elementos que podrían configurar razones de género y, por tanto, tratarse de feminicidios.
Añadió que este tipo de violencia es más visible en la zona metropolitana de Hidalgo porque los delitos ocurren en espacios públicos y existen más elementos de prueba.
En otros municipios, detalló, primero se emiten fichas de búsqueda por desaparición y posteriormente ocurre el hallazgo de las víctimas, lo que complica las investigaciones.
En medio de ese escenario, apuntó, se replican discursos sociales que buscan justificar los asesinatos o desapariciones y responsabilizar a las víctimas por la violencia sufrida. Incluso, agregó, las versiones de criminalización no solo surgen desde la sociedad o redes sociales, sino también desde instituciones y autoridades.

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