A lo largo de las últimas dos semanas, el tema de mayor trascendencia en México, que ha consternado al país entero y que ahora polariza a la sociedad mexicana, se ha vuelto a todas luces un asunto político, en el que por un lado, los líderes y simpatizantes de la oposición, han buscado hacer carroña mediática del lamentable suceso (entorpeciendo las investigaciones en torno al caso y generando desinformación al respecto) mientras que por otro, el oficialismo y sus adeptos han tratado de restar dimensión al caso y los pronunciamientos de autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el Fiscal General, Alejandro Hertz Manero, no han dejado satisfecha a la ciudadanía, quienes los perciben titubeantes y faltos de sensibilidad para abordar el caso.
Si bien, los detalles de lo acaecido dentro del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco, no han sido esclarecidos a detalle -a pesar de todo el humo mediático que ha generado la oposición en torno al tema-, es innegable que existen demasiados indicios que dan fe de las atrocidades que en el recinto ocurrieron durante varios años, contrario a lo afirmado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien la semana pasada minimizó el caso en medio de una ola de indignación nacional.
Claramente, la 4T no ha sabido tratar el caso con la debida prudencia; se ha remitido en señalar a las figuras opositoras como Xóchitl Gálvez, Claudio X. González o Fernando Belaunzaran, que han utilizado la tragedia para el golpeteo político (dejando entrever la pequeñez moral y política de dichas figuras) y no ha dado respuestas ni acciones contundentes, que logren satisfacer el clamor popular de justicia, ante el agravio cometido por el crimen organizado.
Si bien, la comparación del caso Teuchitlán con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, es una falacia de falsa equivalencia, de continuar con su manejo errático de la situación, la 4T puede encontrarse en una crisis de legitimidad como la enfrentada por el gobierno de Peña Nieto, hace casi 11 años independientemente de la ruin campaña de la oposición