Las universidades públicas en México tienen –y que bueno –, la potestad para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Al igual que los municipios, entidades federativas y otras instituciones sus decisiones obedecen a ellos sin inmiscuir al Estado.
Esta libertad para autogobernarse posibilita el crecimiento de los entes referidos, para que no se sometan a un cuerpo legal que les impida gozar de un amplio margen de maniobra, en lo operativo y financiero.
A tal facultad se le conoce como autonomía. Y en su nombre se han realizado grandes proezas administrativas. Por ejemplo, generar fuentes alternas de financiamiento para fines específicos. Celebrar convenios con otras entidades autónomas sin pasar por la engorrosa burocracia estatal, en fin.
Pero quizá la máxima virtud de la autonomía es que –dentro del margen de las universidades– éstas no se sometan a la ideología gubernamental o sean víctimas de intereses creados que no favorecen la investigación ni la libertad de cátedra. De tal manera, que esa canonjía resulta muy conveniente para la educación superior.
Sin embargo, en ocasiones se convierte en una herramienta que pervierte la intensión inicial. Al estar al margen de algunas obligaciones convencionales, las universidades omiten entregar cuentas sobre sus ingresos adicionales, apoyos que reciben de instituciones internacionales o el origen de esos recursos.
La salida fácil es aludir a la autonomía como si esta condición fuera similar a tener una embajada dentro del territorio estatal. Sus propias normas u órganos de gobierno, parecen lejanos de la lógica democrática y de transparencia que se promueve en el país.
Dentro de este universo sobresale la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que ha sido tomada como un botín por parte de un grupo político que, dentro del esquema de la autonomía, ha sobrevivido a varios señalamientos.
Quizá el más conocido es el caso probable delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue contra Gerardo Sosa Castelán, ex rector de la máxima casa de estudios.
Lo anterior viene a cuenta porque esa institución educativa, hace un llamado a su comunidad para salir a las calles de la capital hidalguense a “defender su autonomía”, cuestión que ocurrirá este día 03 de octubre.
Es muy significativa la fecha porque en tribunales federales, se dirimió una controversia donde la UAEH pudo retener sus cuentas bancarias por aquella facultad de autonomía, ganando un juicio a la autoridad competente.
De ahí a la fecha, los garzas se enorgullecen de mantener esa extraordinaria facultad de no ser auditados y manejar sus recursos a propia conveniencia. Valdría la pena saber si su comunidad tiene claridad en que esas son las verdaderas motivaciones, de quienes llaman a manifestarse en la fecha citada.
Porque es una realidad que dentro de aquel manto de la autonomía universitaria, se esconden intereses específicos que poco tienen que ver con el desarrollo del conocimiento y la eficiencia administrativa de la UAEH.
Totalmente de acuerdo con el análisis, muy objetivo y veraz del gran editorialista Enrique López, la manifestación en la que participaron los estudiantes el tres de octubre, azuzados y pudiera ser que hasta advertidos indirectamente de represalias por parte de lo directivos o profesorado de la UAH, hicieron que cientos participaran en la misma, fueron sin saber a que iban., seguramente si los hubieran informados el fondo real de ese disque mitin en defensa de la autonomía, muchos no hubieran asistido. Mas que en defensa de la autonomía, quien nadie se las esta quitando, el hecho que ya les vayan a pedir cuentas, sobre lo que han hecho con tantísimo dinero, al que han manejado a sus anchas, ello no es pérdida de la autonomía universitaria, fue para que nuevamente el clan Sosa, mostrara su musculo o poderío, con el propósito de que no siga la intención de pedirles cuentas, a lo que el gobierno y el pueblo tienen derecho, puesto que cierto porcentaje del presupuesto que ejercen, es dinero público, y los “dueños” de la universidad llevan décadas sin rendir cuentas