El titular de la Oficina de Defensa del Consumidor en Hidalgo (Odeco), Navor Rojas Mancera, señaló que se trabaja de manera coordinada con diversos estados del país, para localizar a los dueños de la financiera Grupo Autofin Monterrey, que en Hidalgo afectó a varias familias. Hasta el momento, se han interpuesto 40 quejas ante esta representación federal.
Aseveró que en esta entidad, en los últimos meses se han registrado dos fraudes graves, que afectaron el patrimonio de cientos de familias. Uno de ellos corresponde a la financiera de automóviles y el otro, al gimnasio Energy, el cual tan solo en Hidalgo acumula 300 denuncias. Sin embargo, también se detectó que operaba en diversas partes del país.
El funcionario dio a conocer que la empresa Autofinanciera Monterrey, que operaba en el centro comercial Gran Patio, ofrecía esquemas de financiamiento automotriz que nunca se concretaron.
El modo de operación consistía en recibir pagos iniciales por parte de los clientes, sin llegar a entregar los vehículos. Los montos pagados iban desde los 13 mil hasta los 70 mil pesos.
Indicó que luego de diversas denuncias, la empresa cerró sin previo aviso, por lo que dejó a decenas de personas defraudadas. Tras realizar investigaciones, se supo que esta financiera opera bajo el mismo esquema en otras partes del país.
Ante ello, informó que se están coordinando esfuerzos con las representaciones de PROFECO en otros estados, para poder fincar responsabilidades a los dueños, quienes hasta el momento no han sido identificados, aunque por razón social se presume que son originarios del norte del país.
Lamentó que pese a que ya existían denuncias desde tiempo atrás, la ODECO no había actuado. En lo que va de su gestión, de apenas unas semanas, se ha buscado notificar formalmente a los responsables.
Recordó que incluso en el sitio hubo enfrentamientos verbales entre usuarios afectados y el personal del local. Esta empresa también opera en lugares como Monterrey, Estado de México y Ciudad de México, donde repite el mismo patrón: ofrecer un financiamiento atractivo, recibir pagos y luego desaparecer.
El funcionario advirtió que estas empresas operan con documentos aparentemente legales, tramitados ante instancias como el SAT o la Comisión Nacional Bancaria, lo que dificulta frenar sus operaciones. No obstante, adelantó que buscarán establecer reuniones con los directivos de las plazas comerciales, para que verifiquen a quién rentan los espacios.
En caso de incumplimientos, advirtió que incluso las plazas podrían ser sancionadas.
Refirió que en Gran Patio también operó el gimnasio Energy, que cerró súbitamente y dejó a más de 300 clientes sin servicio ni reembolso. En este caso, se llevaron a cabo conciliaciones con los afectados, pero finalmente la empresa se declaró en quiebra, por lo que el caso ya se encuentra en otras instancias.
Este gimnasio también ofrecía servicios en otros estados del país.
