En estos últimos meses, se ha discutido a nivel jurisdiccional y doctrinal el uso de la inteligencia artificial en los procesos jurídicos mexicanos. Esto parece que es un tema trascendental.
En primer lugar, entender que la inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas informáticos que pretenden realizar tareas equiparables con la inteligencia humana, por lo que en gran medida tienen el potencial de obtener información, que se encuentra en la red y realizar razonamientos basados en la información obtenida.
No es la primera vez que se utiliza la inteligencia artificial, en procesos jurisdiccionales. Ya en las cortes californianas en nuestro vecino del norte, se han implementado programas de inteligencia artificial para procesos penales.
No obstante, los resultados parecen distar de una justicia, ya que la información de la inteligencia artificial, no tiene un filtro que permita garantizar que toda la información sea ni cierta ni segura.
Máxime que en materia jurídica, es fundamental la motivación, es decir que las razones por las cuales se llegue a una conclusión, sean jurídicamente validas puesto que de lo contrario cada resolución sería arbitraria.
En tal sentido, si bien la inteligencia artificial puede ser una herramienta como cualquier otra para ayudar a las partes e incluso a los órganos jurisdiccionales, ello no implica que sea cierta ni una verdad absoluta.
Por el contrario, así como cualquier herramienta o prueba, debe ser valorada ante los críticos ojos de un especialista en derecho, denominado órgano jurisdiccional que garantice que dicha herramienta no solamente sea lícita, sino que la información proporcionada se encuentre motivada para generar el valor que se le quiera otorgar.
Máxime que en la inteligencia artificial, en muchas ocasiones no son transparentes en el proceso de software que tienen sus sistemas para arribar a las conclusiones, por lo que como herramienta debe ser ocupada con la debida precaución de no violentar los derechos de las personas.
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