Para reconocer al llamado envejecimiento activo como un derecho humano garantizado, Claudia Luna Islas presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y permitir que puedan contribuir a la sociedad, a través de una fuente de trabajo, sin restricción de edad.
Explicó que las proyecciones del Consejo Nacional de Población, la población de personas mayores de 60 años se duplicará en 2050, lo cual exige actualizar el marco jurídico estatal.
Dijo que la intención principal es armonizar la ley local con estándares internacionales que superen el enfoque puramente asistencialista y garantizar así, una inclusión real en la vida productiva, cultural y cívica.
La legisladora mencionó que la reforma adiciona disposiciones específicas, que involucran a distintas secretarías estatales para trabajar de forma coordinada como es el reconocimiento de derecho en el artículo séptimo, que establece legalmente el derecho al envejecimiento activo, definido como la participación continua en la sociedad bajo condiciones en dignidad y autonomía.
También destaca la inclusión laboral real, que instruye la incorporación en el enfoque de envejecimiento activo en políticas de empleo, aprovechando así la experiencia y conocimientos de las personas mayores, combatiendo la discriminación laboral.
Otro renglón importante es la salud mental y emocional, estipulada por la secretaría de Salud y por vez primera se incluye el mandato de promover acciones preventivas enfocadas en la Salud Mental y el bienestar psicosocial de los adultos mayores.
Con ello, la dignidad humana será una apuesta en el estado, donde la experiencia de las personas mayores sea valorada, además de su calidad de vida esté garantizada plenamente, a través de una remuneración económica y no solo de programas asistenciales.
