Incumplen funcionarios de Sedeso reinstalara empleado despedido como mandata laudo

El secretario de Desarrollo Social, Ricardo Gómez, y la subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal, Areli Maya, fueron acusados de incumplir en siete ocasiones una orden judicial para la reinstalación de un trabajador que fue despedido de manera injustificada.
De acuerdo con el afectado Alberto Osorio, los hechos ocurrieron en 2017, durante la administración de Omar Fayad, al ser separado de su cargo sin justificación alguna, motivo por el cual presentó la denuncia correspondiente.
Aseveró que logró demostrar que no solo había sido despedido de manera injusta, sino que tampoco desempeñaba funciones de confianza. Agregó que las autoridades jurídicas de la dependencia, en su momento, no respondieron en tiempo y forma a su denuncia.
Indicó que en el laudo 317/2017, emitido por el Tribunal Laboral del Estado, se ordenó su reinstalación en la Secretaría de Bienestar, así como el pago de salarios caídos.
Sin embargo, el titular de la dependencia se ha negado a reinstalarlo bajo el argumento de que corresponde a la Dirección Jurídica. Aunque reconoció que esto es cierto, puntualizó que el dictamen también establece que la Secretaría de Bienestar, debe ejecutar la reinstalación.
Señaló que se han interpuesto un sinnúmero de trabas para su reincorporación, como el cierre de oficinas, la ausencia de personal autorizado para el trámite e incluso declaraciones falsas a las autoridades, en las que se asegura que él no se presenta en el lugar indicado para ocupar su puesto.
Lamentó que ya son siete las ocasiones en que se ha dictaminado a su favor y aún no ha podido regresar a su empleo. Además, denunció que le ofrecieron una cantidad muy inferior a la correspondiente por concepto de salarios caídos, pese a haber laborado 21 años en el gobierno estatal.
Indicó que la jueza ordenó integrar una carpeta de investigación por desacato y aplicar multas vía la Secretaría de Hacienda.
Subrayó que no existe una verdadera voluntad de cumplir con el laudo y la resolución de las autoridades laborales. Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Colegiado y podría derivar en medidas más estrictas contra los funcionarios involucrados.