En tiempos de emergencia por las fuertes lluvias que se presentaron en el estado de Hidalgo hace un mes, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo consideró pertinente solicitar un aumento en su presupuesto, por 652 millones de pesos para el año 2026.
La incongruencia radica en que, en su lógica, este año de posible revocación de mandato, les exige un presupuesto adicional al ordinario. No obstante, esa misma institución realiza un reporte que a principios de esta semana, presentaba los siguientes números: 1,665 firmas válidas de un total requerido de 236, 529. Es decir, a tres semanas de que concluya este proceso de recolección de firmas, se tiene un avance del 0.7%.
No obstante, con mucha previsión, aquel órgano autónomo solicitó que le asignaran 185.6 millones adicionales para tal efecto. En otras palabras, el propio organismo electoral debería de deducir que difícilmente se reunirán las firmas necesarias para llevar a cabo el ejercicio ciudadano y, por tanto, ser más prudente en la petición de esos recursos.
Aún más. El estado se encuentra en una emergencia por el peor evento en la historia relativo a las lluvias. La fuerza de la naturaleza dejó 28 municipios en una situación muy compleja, comunidades enteras se quedaron sin caminos, casas, energía eléctrica, en fin.
Pero esta situación parece no importarle a la burocracia dorada del IEEH. Porque en sus desglose de recurso, se contemplan 21 millones de pesos para otorgarse compensaciones equivalentes a 6 meses de sueldo, además de ajustar las percepciones de los consejeros en un 35 por ciento superior al tabulador vigente en el Periódico Oficial del Estado, de tal manera que la consejera presidenta ganará 70 mil pesos mensuales, 18 mil más que los 51 mil 873 que actualmente recibe, mientras que los consejeros 60 mil contra los 45 mil actuales y así va el desglose hasta el asesor principal que se llevará casi 40 mil pesos.
Pero no todo se queda en los funcionarios electorales. También hay recompensas para los integrantes de los partidos políticos que forman parte de esa institución. A ellos no les fue tan mal, se dispondrán de 2.4 millones para arrendar 10 vehículos nuevos, además cada uno recibirá 45 mil pesos mensuales de dieta, además de una compensación al final del año por 90 mil pesos, lo que significa que cada uno de ellos le costará al erario 630 mil pesos, es decir, más de 6.3 millones al año.
El documento presentado por el IEEH, revela un incremento presupuestal injustificado, en un contexto donde miles de familias hidalguenses enfrentan la pérdida de su patrimonio, sus cultivos y el sustento a causa de la emergencia derivada por las recientes lluvias e inundaciones.
Mientras la gente exige solidaridad, transparencia y empatía, no es ético ni políticamente sensato plantear un proyecto presupuestal en donde sobresalen los aumentos salariales, la adquisición de vehículos o los bonos millonarios, que poco o nada abonan al fortalecimiento democrático.
El argumento de que tales recursos serán utilizados para una eventual revocación de mandato, así como por el inicio del proceso electoral 2026-2027 para la elección del Poder Judicial, no puede convertirse en pretexto para encarecer la democracia.
La planeación institucional exige prudencia, escenarios realistas y un uso racional de los recursos públicos; no estimaciones que, en los hechos, parecen más orientadas a mantener privilegios que a garantizar derechos ciudadanos.