Tan pronto se dio a conocer el desconcertante caso del Rancho Izaguirre en el Estado de Jalisco, que causó una indignación nacional generalizada y una politización desmedida del lamentable suceso, tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, llevaron a cabo meticulosas investigaciones respecto al caso y lograron la detención de varios miembros del crimen organizado presuntamente ligados a los abominables delitos ocurridos en Teuchitlán; no obstante, el del Rancho Izaguirre formaba, hasta hace unos días uno de las innumerables situaciones de impunidad que a día de hoy, se percibe como el mayor problema que enfrenta México en materia de seguridad y justicia.
Existen indicios de que la Fiscalía de Jalisco tenía desde el 2017 conocimiento sobre el uso de recintos para el reclutamiento forzado, adiestramiento y asesinato de personas por parte del crimen organizado dentro de la entidad; no obstante, las autoridades del Estado no habían investigado a fondo la operatividad de los recintos, ni habían notificado a la FGR de los indicios de delitos de fuero federal que estaban ocurriendo en ciertas zonas de la entidad.
A menudo, cuando se habla del origen del caos en México se señala directamente al Gobierno Federal en turno y a la SSPC, y aunque no se les puede restar responsabilidad a las autoridades federales, es a nivel Estado donde se han fraguado los peores casos de corrupción e inoperancia que han originado la violencia en el país, aunado a los múltiples casos de corrupción y alianza entre autoridades municipales y el crimen organizado.
Si a tal escenario se le añade un Poder Judicial profundamente viciado, corrupto, lento y de tendencia opositora, se tiene como resultado el nivel de violencia e impunidad que han desangrado a México durante décadas.
Por ello, la reforma al Poder Judicial debe ir acompañada de una reestructuración total del accionar de las fiscalías estatales, así como continuar con la férrea estrategia de seguridad pública que desde el inicio del sexenio la SSPC ha llevado a cabo y ha puesto en predicamentos a diversas organizaciones criminales en apenas seis meses.