En lo que va de este año, organizaciones sociales han documentado 13 feminicidios y 27 muertes violentas de mujeres en el estado. Aunque la cifra representa una disminución respecto al año pasado, ya que se contabilizaron 15 casos al cierre de 2024, la violencia se ha vuelto más evidente y grave, lo que refleja un panorama preocupante.
Rafael Castelán, de la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, (Seiinac), señaló que mientras en años anteriores algunas muertes violentas de mujeres podían clasificarse como accidentes o hechos aislados, actualmente la mayoría presenta signos de violencia feminicida.
Esto, dijo, debido a que los niveles de agresión física en los cuerpos de las víctimas, se han incrementado de manera alarmante, sobre todo por la saña con la que se cometen estos crímenes.
El activista indicó que uno de los factores que limitan la prevención de este tipo de violencia es la implementación tardía de los Centros de Atención a Mujeres Libres de Violencia en los municipios, política derivada del gobierno federal.
También resaltó la inactividad de los mecanismos oficiales que deben dar seguimiento a esta problemática, como el Comité de Atención y Seguimiento al Protocolo de Feminicidio, que debería reunirse de manera periódica y no lo ha hecho, lo que impide que las políticas públicas incidan en una disminución de este delito.
El activista destacó además que el Observatorio de Violencia de Género de la Procuraduría estatal lleva más de un año sin operar, lo que, dijo, se traduce en abandono hacia las víctimas.
Castelán refirió que apenas esta semana se registró un feminicidio en el municipio de Tolcayuca, donde una mujer fue localizada en terrenos cercanos a una laguna. Los reportes indican que la víctima, aún no identificada, había sido abandonada y envuelta en plástico.

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