A la espera de que el Congreso de Hidalgo vote las iniciativas sobre la gubernatura de cinco años y la postulación de mujeres, José Antonio García de Alba confirmó que evalúa regresar a la vida pública rumbo al próximo proceso electoral estatal.
El exdiputado señaló que la resolución de ambas propuestas será determinante para definir si participa en la contienda por la gubernatura y bajo qué figura política podría hacerlo.
Entre las posibilidades, mencionó una candidatura impulsada por partidos, una alianza opositora o una vía ciudadana.
Indicó que la inconformidad social ha comenzado a crecer en distintos puntos del país y consideró necesario corregir el rumbo tras las políticas impulsadas por Morena. En ese contexto, explicó que decidió retomar la actividad pública.
Comentó que ha sostenido acercamientos con algunos partidos políticos con los que podría existir coincidencia de proyecto, aunque descartó cualquier posibilidad de alianza con Morena. Afirmó que con ese instituto político no observa condiciones para construir acuerdos.
También mencionó contactos con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, incluso bajo la posibilidad de una alianza entre ambos partidos.
De igual forma, dejó abierta la opción de una candidatura ciudadana o independiente en caso de que no prospere un acuerdo partidista.
Consideró que existe un sector importante de la población inconforme con el rumbo del país y que actualmente no encuentra representación política clara.
Por ello, sostuvo que podría construirse un frente capaz de reunir distintas expresiones políticas y sociales.
Añadió que, si surge otra figura con capacidad para encabezar un proyecto de unidad, estaría dispuesto a sumarse y contribuir a esa alternativa.
En otro tema, cuestionó el rumbo que, a su consideración, ha tomado el país en materia de seguridad y política nacional. Criticó la estrategia aplicada durante el sexenio anterior y advirtió un debilitamiento institucional.
Incluso señaló que existen hechos graves para la democracia, como el caso de un gobernador investigado por autoridades estadounidenses.
Sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, consideró preocupante la posible intervención del crimen organizado en procesos electorales.
También atribuyó el crecimiento de grupos criminales a la política de “abrazos, no balazos”, la cual, dijo, terminó por impactar al Estado.
