La Procuraduría de Justicia del Estado confirmó el fallecimiento del agente Paulino Castañeda, quien junto con su compañero Vicente Monroy, fue secuestrado y torturado por integrantes de un grupo armado presuntamente vinculado con la secta luciferina “Angelito Negro 666”.
Ambas víctimas, pertenecientes a la Policía Investigadora de la Procuraduría, habían acudido a la colonia La Loma, en la capital del estado, para entregar una notificación por violencia familiar, al momento de ser interceptados por un grupo armado que salió de un domicilio contiguo al templo mencionado. Ahí, fueron retenidos contra su voluntad y brutalmente golpeados.
Se informó que los agentes realizaron la diligencia el sábado, pero fue hasta el domingo en que la Procuraduría, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, implementó un operativo de rescate.
Al llegar al sitio, los agresores intentaron huir, sin embargo, los policías lograron ser rescatados con heridas severas a causa de la tortura.
Ese mismo domingo se reportó el fallecimiento de Vicente Monroy, y este lunes se confirmó la muerte de Paulino Castañeda.
Al respecto, José Antonio Castañeda, hermano del agente fallecido, sostuvo una reunión con el procurador Francisco Hernández Hasbun, a quien solicitó una investigación a fondo de lo ocurrido.
De acuerdo con su testimonio, existe responsabilidad directa de la comandante de grupo Patricia Moya Domínguez, pues aseguró que tanto su hermano como su compañero fueron enviados a una zona de alta peligrosidad, sin medidas de seguridad ni armas.
“Fue una omisión grave. No entendemos cómo los mandaron sin ningún tipo de protección. Exigimos que se le reubique o se le envíe a capacitación, no puede seguir al frente del grupo”, expresó.
También denunció que la comandante ejerce violencia y acoso laboral hacia sus subordinados, y que existen al menos 15 denuncias formales en su contra.
“Para nuestros familiares ya no hay remedio, pero exigimos que esto no vuelva a pasar con nadie más”, añadió.
En tanto, la Procuraduría confirmó que ya se abrió una investigación contra la servidora pública, con el objetivo de determinar si incurrió únicamente en una falta administrativa o si se le fincará responsabilidad penal por estos hechos.
