Bajo el argumento de legislar con reglas claras y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, diputados de Morena presentaron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento; de esta forma, se trata de eliminar el debate de minutas constitucionales al interior de Comisiones Permanentes.
Lizbeth Ordaz Islas, presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales junto con Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, presentaron dicha iniciativa de ley que a su juicio, permitirá corregir la deficiencia normativa en apariencia, debido a que se carece de una regulación clara y exhaustiva sobre los requisitos que deben cumplirse en las disposiciones mínimas y generales.
“Les invito a respaldar esta propuesta con responsabilidad institucional y convicción de futuro porque legislar con reglas claras, no solo beneficia al Poder Legislativo, también fortalece la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones”.
“Sin duda, dar orden y técnica al proceso legislativo también es hacer justicia legislativa.
La diputada morenista comentó que actualmente no existe un catálogo obligatorio de requisitos, que asegure que la propuesta normativa debe estar fundada, con estructura y redactada con técnica jurídica, cuya omisión genera una consecuencia constante e ineludible, como es la necesidad de interpretar a la norma.
“Cada vez que recibimos una iniciativa, las instancias administrativas del Congreso deben interpretar según criterios propios, no estandarizados; si el documento cumple lo necesario para iniciar el trámite legislativo, genera incertidumbre, discrecionalidad y desigualdad de trato entre iniciativas que debieron haberse rechazado o subsanado desde su origen, así como la seguridad jurídica del proceso legislativo desde la perspectiva constitucional”.
Dijo que la reforma se sustenta en el artículo 40 de la Constitución Federal, que reconoce la soberanía de los estados para organizar su régimen interior. Ordaz Islas aseguró que la propuesta es establecer un catálogo claro, obligatorio y uniforme de requisitos donde se incluya el encabezado con el ordenamiento jurídico a modificar, así como la creación de una exposición de motivos estructurada y con diagnóstico del análisis de constitucionalidad y convencionalidad.
Indicó que si la iniciativa no cumple con los requisitos, la Secretaría de Servicios Legislativos deberá otorgarse al promovente un plazo de tres días hábiles para subsanar, de no hacerlo, la iniciativa se dará por no presentada, ya que este procedimiento es garantista y se asegura turnarse a Comisiones las propuestas completas argumentadas, con técnica legalmente viable.
Resaltó que esta no es una invención local, sino, una buena práctica que ha sido considerada como factible en entidades de Guerrero, Zacatecas y Quintana Roo, donde, sus Congresos no permiten el paso a las iniciativas que no cumplan con requisitos normativos.
Aludió que esto permite el ahorro de tiempo, trabajo y recursos públicos ya que la reforma tiene un beneficio directo.
